Los retos de la Junta
El nuevo organismo supervisará la reestructuración de la masiva deuda pública de Puerto Rico
El presidente Barack Obama divulgó hace unos días los nombres de los siete integrantes de la junta de control fiscal para Puerto Rico que supervisará la reestructuración de la masiva deuda pública en la isla, y pidió que la entidad trabaje en el marco de un “proceso abierto” y de forma consensuada.
En un comunicado emitido por la Casa Blanca, Obama afirmó que los integrantes de la junta no solo tienen amplias destrezas y experiencias sino que tienen profundo conocimiento “de lo que se necesita para bregar con este complejo reto y poner de primero al pueblo puertorriqueño”.
La junta, afirmó Obama, tendrá que establecer “un proceso abierto” para trabajar con el pueblo y el gobierno de Puerto Rico, además de tomar decisiones de forma “consensuada”.
“La tarea por delante para Puerto Rico no será fácil pero confío en que Puerto Rico está a la altura del reto de estabilizar su situación fiscal, restablecer el crecimiento (económico) y construir un mejor futuro para todos los puertorriqueños”, puntualizó Obama.
La Casa Blanca adelantó el anuncio oficial debido a la filtración de los nombres de los siete integrantes a la prensa, incluyendo a este periódico.
Fuentes legislativas, que pidieron el anonimato por no estar autorizadas para divulgar los nombres, habían adelantado a este periódico que tres de los integrantes fueron recomendados por legisladores demócratas mientras que los cuatro restantes son recomendados por legisladores republicanos.
Los tres integrantes demócratas son Ana Matosantos, exdirectora de Finanzas de California (2009-2013); José Ramón González, presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York, y Arthur González, exmagistrado del tribunal de bancarrotas de Manhattan y ahora analista y profesor de la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York.
Los cuatro republicanos son Carlos M. García, expresidente del Banco Gubernamental de Fomento ( BGF) bajo el gobierno de Luis Fortuño, y fundador de BayBoston Managers, LLC; José Carrión, cofundador del bufete legal Carrión, Laffitte & Ca- sellas; Andrew Biggs, analista del conservador American Enterprise Institute, y David Skeel, profesor de leyes de la Universidad de Pensilvania.
Los nombres fueron reportados inicialmente por Bloomberg.
La junta creada dentro de la ley PROMESA estará a cargo de supervisar la deuda pública de más de $70,000 millones que Puerto Rico tiene con los bonistas, una crisis que ha golpeado con especial dureza a jubilados y empleados públicos en la isla.
Daniel Hanson, un analista de la empresa Height Securities, dijo hoy en un informe que la selección de expertos beneficiará a los acreedores porque, aunque habrá competencia de otras prioridades fiscales para Puerto Rico, la junta tomará en cuenta sus necesidades.
Y el comisionado residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aplaudió que Obama haya designado a los miembros de la junta “de manera reflexiva y oportuna”, y expresó confianza en que si, conforme a la ley PROMESA, ésta trabaja conjuntamente con los acreedores y el empresariado en “espíritu de cooperación”, entonces se podrá “empezar a reencaminar a nuestra Isla, mejorar la calidad de vida de nuestra gente y detener la ola de migración a los estados”.
“El éxito requerirá mucho trabajo y sacrificio, pero vale la pena”, afirmó Pierluisi.
Mientras, el estratega demócrata y ex subdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, Federico de Jesús, consideró que “es importante que el gobierno de Puerto Rico defienda los intereses del pueblo ante la junta y que actúe responsablemente para que el país pueda recuperar la prosperidad y su gobierno propio lo antes posible”.