Familiares de desaparecidos: el peso de la ley contra Duarte

Recuerdan que durante su gobierno hubo un aumento notable de violaciones a derechos humanos

Familiares de al menos 30,000 desaparecidos por la fuerza en Veracruz exigieron ayer en Guatemala todo el peso de la justicia en contra del exgobernador de ese estado, Javier Duarte, detenido el pasado 15 de abril en el país centroamericano con ÀQHV GH H[WUDGLFLyQ

Durante una rueda de prensa representantes de al menos 12 colectivos que aglutinan a cientos de miles de desaparecidos en México aseguraron que durante el gobierno de Duarte hubo un incremento notable de “secuestros, extorsiones, desapariciones y ejecuciones”.

“Esos crímenes afectaron directamente a la población civil en general sin respetar edad, sexo, estatus social y profesión”, aseguró Aracely Salcedo, quien busca a su hija Fernanda Rubí, desaparecida el 7 de septiembre del 2012 en Orizaba (Veracruz).

Advirtió que en ese estado la población vive en un alto grado de riesgo e inseguridad por exigir la aparición de los familiares secuestrados.

Sostuvo que durante el gobierno de Duarte “nos revictimizaron y alejaron de la justicia, pero sobre todo de tener pronto de vuelta a nuestros hijos e hijas”.

“Exigimos desde este hermano país (Guatemala) al estado mexicano que Javier Duarte sea extraditado lo antes posible para ser juzgado y castigado, no solo por el desvío millonario de recursos, sino para que responda también por todas las desapariciones y ejecuciones en Veracruz”, dice un comunicado de los colectivos mexicanos leído por Salcedo.

Dijo que también piden que VHD LQYHVWLJDGR HO H[ÀVFDO JHneral Luis Ángel Bravo por “la gravísima omisión en la falsa toma de muestras de ADN realizadas a las familias de desaparecidos”.

La activista exigió al gobierno mexicano que “se aplique todo el rigor de la ley a Duarte”, y agradeció a las autoridades guatemaltecas por su captura.

“Queremos ver un poco de justicia, Duarte no se merece ni la más mínima consideración, exigen justicia y que le caiga todo el peso de la ley”, enfatizó en la conferencia de prensa en la sede del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), en la capital guatemalteca.

La detención de Duarte fue ordenada el 14 de octubre de 2016 por un juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, y desde el 14 de noviembre tenía una alerta roja de la Interpol.

Entre 2012 y 2015 Duarte desvió grandes cantidades de recursos públicos los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país.

Según Lucía Díaz, del Colectivo Solicito de Veracruz, el delito de las desapariciones forzosas se debe incluir en el proceso de extradición a Duarte porque “sino en México no se le podría juzgar” y anunció que se asesoran para presentar pruebas.O