Denuncia: Estructura ilegal de espionaje en el Ejército de México
El Ejército mexicano tiene una estructura secreta de espionaje ilegal que usa el software Pegasus para interferir en las investigaciones de abusos de activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, reveló una investigación bautizada como “Ejército Espía”. La investigación, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, demostró que, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dicha estructura militar espió con Pegasus al activista Raymundo Ramos. “Documentos de Sedena muestran que una estructura militar secreta espió con Pegasus al defensor Raymundo Ramos para interferir en una investigación sobre abusos del Ejército en Nuevo Laredo, con pleno conocimiento del Alto Mando”, señalaron las organizaciones en conferencia de prensa. De acuerdo con los documentos, el Ejército habría intervenido las comunicaciones privadas de Ramos con varios periodistas. Dichas conversaciones eran acerca de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Nuevo Laredo el 3 de julio de
2020, y según la hipótesis de los colectivos, el Ejército espió a Ramos para interferir en estos casos. En sus documentos secretos, el Ejército dice que Ramos, quien fue atacado con Pegasus en al menos cinco ocasiones, trabaja para el “Cártel del Noreste”, “sin ofrecer evidencia alguna y con la intención de desacreditar las pruebas de abusos militares en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020”, dice la investigación. Además, de acuerdo con las revelaciones, el equipo encargado del espionaje “recomienda” cómo utilizar la información obtenida del activista en su contra. La investigación reveló que, detrás del espionaje a Ramos, hay una estructura militar secreta: el Centro Militar de Inteligencia. La investigación afirma que el objetivo de este Centro es “aportar productos de inteligencia que se generen de la información obtenida en medios cerrados”, es decir, a través de la intervención de comunicaciones privadas. “Las Fuerzas Armadas no tienen facultades legales para llevar a cabo dichas tareas”, enfatiza el informe.