DHS acepta mantener en pie TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán
La Administración apela el freno temporal para su cancelación
√@mariauxpen En un breve respiro para miles de tepesianos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aceptó una orden judicial que suspende temporalmente la eliminación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras apela la decisión y se resuelve el asunto de forma definitiva en los tribunales.
El DHS entregó anoche un plan vinculante para el cumplimiento de la orden que emitió el pasado 3 de octubre el juez federal en San Francisco (California), Edward Chen, para suspender temporalmente el desmantelamiento del TPS para poco más de 300,000 inmigrantes indocumentados, la mayoría de los cuales han estado amparados al alivio migratorio durante décadas.
Se trata de la primera vez en la historia del TPS que un juez federal frena la cancelación del programa, que fue autorizado por el Congreso en 1990 para personas que no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles, desastres naturales, u otras situaciones extraordinarias.
La Administración Trump ha apelado el dictamen de Chen ante el Noveno Circuito de Apelaciones pero, por ahora, el TPS se mantendrá con vigencia para los cuatro países incluidos en una demanda entablada en marzo pasado por una coalición de grupos cívicos.
Honduras no fue incluido en la demanda colectiva porque la Administración aún no había cancelado el TPS para ese país cuando ésta fue presentada. Sin embargo, los demandantes, que incluyen a la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), CARECEN de Los Angeles, y la Red Nacional de Jornaleros “NDLON”, aseguran que estudian las opciones legales para proteger a los “tepesianos” hondureños.
En undocumento de 12 páginas, el DHS explicó que publicará en breve un aviso en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”) para anunciar que la designación del TPS y los permisos de trabajo se mantendrán en pie para Sudán, Haití, El Salvador y Nicaragua “mientras la orden de la corte permanezca en efecto”.
La agencia también precisará que extenderá “automáticamente”, hasta el próximo 2 de abril, la validez de los permisos de trabajo para los “tepesianos” de Sudán y Nicaragua, que eran los primeros países afectados por el eventual desmantelamiento del TPS. En el caso de Sudán, el TPS vencía el próximo 2 de noviembre, y para los nicaragüenses vencía originalmente el próximo 5 de enero.
Según el plan del DHS, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) emitirá la extensión de esos permisos de trabajo para los sudaneses y nicaragüenses que se habían reinscrito en el TPS o que aún tienen pendiente de aprobación sus solicitudes.
El DHS también aceptó extender por al menos seis meses el TPS para los cuatro países en el supuesto de que el tribunal de apelaciones revierta el dictamen de Chen.
Eso significa que, mientras el asunto se estudia en los tribunales, la Administración Trump no podrá intentar una nueva cancelación del TPS ni ordenar la deportación de personas amparadas al programa, según Emi MacLean, co-directora legal de “NDLON”.
Persiste el problema
En su decisión del pasado 3 de octubre, Chen afirmó que la Administración Trump carecía de “cualquier explicación o justificación” para cancelar el TPS para esos países y cuestionó si el gobierno tomó esa decisión por mera discriminación, en clara violación de la igualdad de protección que garantiza la Constitución de EEUU.
Chenno se pronunció sobre los méritos del caso presentado contra la Administración, pero indicó que los “tepesianos” y sus hijos, muchos de los cuales nacieron en EEUU, afrontarían un “daño irreparable” si son deportados y esto superaría cualquier daño que puedan ocasionar al gobierno. El juez emitió la orden judicial como un freno temporal mientras se resuelve el asunto en los tribunales.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, activistas de la comunidad inmigrante y de grupos implicados en la demanda afirmaron que aunque el plan es un buen primer paso, eso no altera la urgencia de que el Congreso apruebe una solución legislativa permanente.l