FUERA DE LA LEY E
n medio del debate sobre la cober t ura médica, el Depa rtamento de Justicia continuó hace unos días su ofensiva contra las llamadas ciudades santuarios, amenazándolas con cortarles fondos para seguridad pública sino obedecen sus guías.
La agencia federal quiere castigar eliminando estos fondos a quienes ellos consideran que no colaboran con su estrategia para aumentar las deportaciones.
Es i rónico que precisamente se le quiera quitar el dinero de subsidios destinados a las agencias policiales y al sistema judicial de una ciudad, bajo el argumento de que ellas no hacen lo su - dentes. O sea porque no le entregan la gente que ellos quieren bajo sus condiciones, a pesar de que estas hayan sido declaradas ilegales.
La norma que guía la relación entre autoridades locales y federales de migración básicamente establece que no se puede prohibir la comunicación entre una y otra. La 1 W 1 | 7|W.9 impuso dentro esa norma, sin agencias policiales tengan bajo su custodia por 48 horas a cualquier detenido que ellos soliciten.
De esta manera, el Depar \ arbitrariamente como ciudad santuario a quienes no obedecen la orden de detención. En los casos que se cumplió esa orden, los jueces de Miami, Massachusetts y Dallas la declararon una violación a la protección constitucional de no estar privado de la libertad sin ningún motivo legal.
Por eso, el Departamento de Justicia cambió la estrategia para obtener los mismos resultados, aunque sin parecer que está solicitando un acto de dudosa constitucionalidad.
* - do las condiciones para recibir subsidios establece la condición a las agencias policiales de avisar con 48 de antelación al Departamento de Seguridad Interna(DHS) antes de liberar a un indocumentado que ellos hayan mostrado interés.
Hay un problema práctico para cumplir con la directiva.
Hay mucha gente en cárceles locales que son detenidas antes de ser juzgadas que pueden pagar fianza, convencer a un juez para que los deje libre o que se dejen de lado los cargos por los que fueron arrestados.
Esas personas no pueden ser detenidas más de lo debido, para que ICE tenga tiempo para recogerlas. Esto crea el mismo obstáculo constitucional, con el agregado de eliminar subsidios federales para las ciudades que no lo obedezcan.
De nuevo, la administra # * - gencias que no están en la ley. El Departamento de Justicia amenaza con un castigo arbitrario para quienes no obedezcan a ICE corriendo el riesgo real de cometer un acto declarado ilegal por los tribunales.
El Departamento de Justicia recurre a la estrategia tristemente conocida de querer v iolar las protecciones constitucionales con el falso argumento del peligro a la seguridad pública.•