Separaron hace 10 meses a abuela de nieto discapacitado
AHace diez meses, María Vandelice de Bastos y su nieto de 16 años arribaron al puerto de entrada de Santa Teresa en Nuevo México. Los dos les dijeron a los agentes federales que querían solicitar asilo.
Aunque Vandelice de Bastos logró pasar una revisión estándar relacionada con su petición, conocida como el interrogatorio del miedo creíble, ella y su nieto fueron separados y no lo ha visto desde entonces, de acuerdo a su abogado.
Mientras ella se encuentra en un centro de detención en El Paso, Matheus da Silva Bastos, quien sufre de una severa epilepsia y de autismo, está a más de 2 mil millas de retirado de un centro estatal en Connecticut.
A pesar de los reclamos de que la administración Trump es la única que está separando a las familias que buscan asilo y que cruzan ilegalmente la frontera eludiendo los puertos de entrada y que empezó a hacerlo recientemente, el caso de Vandelice de Bastos parece demostrar exactamente lo opuesto.
Lo que es más, las personas que han cuidado a Matheus en dos diferentes Estados le han urgido a los oficiales federales que lo reúnan con su abuela, según muestran los registros.
El abogado de De Bastos, Eduardo Beckett, comentó que su cliente les dijo a las autoridades durante su interrogatorio de credibilidad que ella y su nieto huyeron de Brasil después que unos policías, que estaban fuera de servicio, la amenazaron por haber dado a conocer las horribles condiciones que había en la escuela a la que asistía su nieto.
“Ella hizo ruido, acudió a la policía y a la fiscalía, y luego a la prensa. El director fue despedido y resultó que tenía un hermano que era policía”, dijo Beckett.
“Así que, el policía le hizo una visita y le dijo, “Ya veremos qué pasa con usted”. Y ese fue lo que sucedió, en resumen.
Inmediatamente después de arribar a Estados Unidos, Vandelice de Bastos y Matheus fueron separados y desde entonces, él ha estado bajo la custodia de diferentes organizaciones que cuidan a los niños inmigrantes. Aunque ella tenía en su poder documentos de Brasil que la identifican como la tutora legal de Matheus, él fue clasificado como un menor no acompañado debido a que su abuela fue catalogada como una extranjera que no puede ser admitida por oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza, de acuerdo a una copia del reporte del Departamento de Seguridad Interna que fue concluido el pasado mes de agosto. “Ella nunca mintió”. Beckett comentó que su cliente tuvo una visa para visitar legalmente a Estados Unidos. Durante años, se le permitió que entrara y saliera del país y lo hizo libremente hasta que en el 2007 fue detenida por oficiales del CBP en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York.
Allí fue cuando admitió que hacía lo que miles de personas que tienen visa hacen cada año: trabajar en la economía informal. De acuerdo a sus documentos, trabajó como niñera por 300 dólares a la semana, lo cual provocó su deportación.
Sin embargo, lo único inusual que hizo fue admitir que lo había hecho, agregó Beckett.
“Ella nunca mintió, siempre dijo la verdad y nunca trató de introducirse ilegalmente en el país”, dijo.
Aunque el Departamento de Seguridad Interna ha dejado en claro que entrar a Estados Unidos es “un privilegio, no un derecho”.
“Las razones más obvias para negarle la entrada a una persona incluyen si ha trabajado ilegalmente con anterioridad en Estados Unidos, es sospechosa de ser un inmigrante intencional, por ejemplo, el planear permanecer en Estados Unidos violando los términos de su admisión, o tener vínculos con terroristas u organizaciones criminales”, se lee en una página web del CBP.
Después que a Vandelice de Bastos le negaron el reingreso, firmó una notificación que le prohibía “entrar, intentar entrar o estar en Estados Unidos”, durante cinco años.
“Ella cumplió con el plazo y esperó casi 10 años antes de regresar”, dijo Beckett. “La única manera de que ellos pueden reinstalar una orden de remoción es si ella hubiera ingresado ilegalmente al país, aunque no trató de hacerlo eludiendo los puertos de entrada”, dijo.
El reporte del Departamento de Seguridad Interna del pasado mes de agosto manifiesta que no tenía antecedentes penales en Estados Unidos al momento en que ella y su nieto buscaron asilo, y el único lapso de tiempo que pasó ilegalmente en el país fue “a la entrada”.
Aunque si ella tuviera una orden de deportación existente, Beckett comentó que su solicitud de asilo podría sustituirla, de acuerdo a la ley federal.
“Eso es todo el asunto. Ellos no debieron haber sido separados”, dijo. Tanto las oficinas en El Paso como en San Antonio del Departamento de Inmigración y Aduanas no respondieron a las solicitudes que se les hicieron para que comentaran acerca de este caso.
Una portavoz del CBP en Washington, D.C., comentó que no tienen como política separar a las familias a menos que entren sin ser inspeccionadas por los puertos de entrada.
Cuando el Tribune le comentó acerca de los clientes de Beckett, ella lo refirió a las oficinas regionales del ICE en Texas.
La portavoz agregó que la agencia acata todas las políticas aplicables que están incluidas en el Decreto de Estadounidenses con Discapacidades cuando procesa a personas discapacitadas.
Durante el tiempo que pasó en Brasil, según dijo Beckett, su cliente se hizo cargo de la custodia de su nieto después que sus padres lo abandonaron para irse a Estados Unidos, en donde viven actualmente de manera legal.
De acuerdo a un centro estatal en Connecticut, sus padres no pueden cuidarlo porque trabajan de tiempo completo y no pueden cuidarlo día y noche, como él lo necesita.
En una copia de una sentencia del Estado de Goias en Brasil, la petición de Vandelice de Bastos manifiesta que Matheus tiene “una enfermedad grave, que utiliza medicamentos de manera continua y necesita cuidado especial”. Agrega que sus padres “no contribuyen a la manutención del niño ni hablan por teléfono para saber cómo está el menor”.
Oficiales de las instalaciones estatales que cuidan actualmente de Matheus han presionado para que sea liberado.
“Matheus ha sido criado y atendido por su abuela mientras estuvieron en Brasil y ahora tienen muchas dificultades en su nuevo ambiente”, se lee en una carta del Departamento de Niños y Familias en Connecticut.
“Sería benéfico para él contar con la presencia de su abuela”.
La organización financiada por el gobierno que tomó bajo custodia a Matheus antes de que fuera transferido a Connecticut, también urgió la liberación de su abuela.
“Mientras el menor estuvo bajo nuestro cuidado y hasta que fue liberado, estuvo sufriendo significativamente debido a que fue separado de su abuela”, escribió Yunuen Rodríguez, especialista en reunificación familiar de Heartland Alliance en Chicago, en noviembre del 2017.
Ese grupo está financiado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Desde entonces, Beckett ha presentado más documentos ante la corte de inmigración para demostrar que sus clientes no deberían ser deportados.
Aunque sabe que es un caso desafiante debido a que el juez tiene dudas de que Vandelice de Bastos haya presentado una legítima solicitud de asilo.
Las personas que buscan asilo deben demostrar que enfrentan persecución en su país de origen debido a su “raza, religión, nacionalidad, como miembros de un grupo social en particular, u opinión política”.
Beckett comentó que el hecho de que Vandelice de Bastos haya denunciado a la escuela de su nieto y exhibiera a la administración podría ser considerado como un acto de expresión política, y que el hecho de que fuera amenazada por la policía significa que no son capaces ni están dispuestos a protegerla.
Sin embargo, en un audio de los procesos de inmigración a principios de este año, el juez William Abbott comentó que la policía no estaba actuando de manera oficial.
“No vamos a poder demostrar que el gobierno estuvo de acuerdo con eso”, dijo.
“No reúne los requisitos para que ninguno de los solicitantes obtenga el asilo. El hecho de que los individuos que trataron de dañarla son personas privadas que están enojadas con ella y quieren tomar represalias. Un acto de persecución no puede servir como base para pertenecer a un grupo social”, agregó.
De acuerdo a las estadísticas federales, las personas que buscan asilo de Brasil, tradicionalmente han tenido un bajo índice de éxito.
En el 2016, 366 brasileños solicitaron asilo. Ese mismo año, sólo siete solicitudes fueron aceptadas mientras que 36 fueron negadas.
Varias más fueron negadas, abandonadas o eliminadas.
Fueron detenidos en el puerto de Santa Teresa