Difícil conseguir abogado para indocumentados
Atlanta— Las autoridades federales de inmigración han dificultado que los inmigrantes en dos centros de detenciones en Georgia y uno en Luisiana tengan acceso y comunicación con abogados, según una demanda presentada ayer.
El Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización legal sin fines de lucro especializada en la promoción de los derechos civiles y en litigios de interés público, demandó al Departamento de Seguridad Nacional y a varios funcionarios individuales.
Las tres instalaciones en cuestión son el Centro de Detenciones Stewart, en Lumpkin, Georgia; el centro de Detenciones del Condado Irwin, en Ocilla, Georgia, y la Instalación de Detenciones LaSalle en Jena, Luisiana.
Muchas personas en los centros de detenciones tienen reclamaciones que pudieran permitirles quedarse en Estados Unidos o al menos salir en libertad mientras se procesan sus deportaciones, dice la demanda.
La representación legal puede garantizar que no queden detenidos innecesariamente durante años y frecuentemente determina si sus causas son exitosas a la larga, dice.
Esos centros de detenciones están todos en áreas remotas, a varias horas por carretera de ciudades grandes donde hay abogados, intérpretes y otros recursos, dice la demanda. La comunicación remota por teléfono o video es difícil, y los abogados que hacen el viaje a menudo enfrentan largas esperas y luego tienen que reunirse con sus representados en condiciones inadecuadas, agrega.
“El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) selecciona intencionalmente a compañías privadas que operan prisiones de inmigración como gallinas de los huevos de oro en áreas rurales remotas del sureste que están fuera del alcance de la mayoría de los abogados” dijo la directora legal del SPLC, Lisa Graybill, en una declaración por correo electrónico.
Tamara Spicer, vocera de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), respondió en un mensaje electrónico que el “ICE respeta los derechos de todos los extranjeros en procesos de deportación para contratar y consultar con los abogados que escojan y tiene políticas establecidas para asegurarse de que los extranjeros lo hagan de acuerdo con lo requerido por la ley federal”.
Pero la demanda argumenta que las autoridades de inmigración no se aseguran de que los contratistas que administran los centros de detenciones no impongan más barreras a las reuniones entre abogados y representados, incluido el interrumpir o escuchar esas reuniones, negarse a permitir reuniones durante las verificaciones de inventarios y cambios de turno, no permitir reuniones incluso cuando están abiertas las salas de visitas y cambiar las reglas arbitrariamente, se afirma en el texto.
Organización de la sociedad civil demandó al Departamento de Seguridad Nacional y a varios funcionarios individuales