Gobierno español da luz verde a la apertura de “embajadas” catalanas
El gobierno español dio luz verde a la apertura de tres delegaciones internacionales del gobierno regional catalán, dominado por los independentistas, que hasta ahora habían sido objeto de litigio entre ambas administraciones, informaron fuentes gubername
El acuerdo entre ambas instituciones se conoce poco después de la reinvestidura del jefe de gobierno español Pedro Sánchez, que se comprometió a iniciar una negociación con las autoridades catalanas y dejar atrás el combate judicial contra sus iniciativas tras cerrar un pacto con el partido independentista ERC.
El acuerdo conocido ayer concierne a las delegaciones que los dirigentes regionales pretendían instalar en Argentina, México y Túnez y que habían sido recurridas ante la justicia por el ejecutivo español, alegando que invadían sus competencias diplomáticas.
Según un portavoz del ministerio de Exteriores, su departamento dio luz verde al proyecto después de que el gobierno regional modificara el decreto de creación de estas oficinas y excluyera de su redactado “las competencias del Estado en materia de relaciones internacionales”.
Desde el departamento de Exteriores del gobierno regional, una portavoz confirmó este entente y lo atribuyó al pacto de ERC con el partido socialista de Sánchez para“comenzar a hacer política y dejar de judicializarlo todo”.
En España, con un modelo de Estado descentralizado en 17 comunidades autónomas, algunas regiones disponen de oficinas internacionales con el objetivo de proyectarse en el exterior, aunque estas no tienen rango de delegación diplomática.
En los últimos años, el gobierno regional catalán había ampliado significativamente su red de “embajadas” en el exterior con el objetivo de ganar simpatías a la causa independentista.
Con la recuperación del autogobierno en 2018, los dirigentes independentistas empezaron a recomponer esta red de delegaciones, lo que provocó litigios con el gobierno español, ya dirigido por Sánchez.
Después del fallido intento de secesión de 2017, el ejecutivo central, entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy, intervino la autonomía regional y ordenó el cierre de estas oficinas.