El fujimorismo y la corrupción hunden gobernabilidad de Perú
El Ministerio Público (fiscalía) requirió un día después de su renuncia que se ordene el impedimento de su salida del país.
La renuncia de presidente Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú el miércoles 21, tras 20 meses de un gobierno zarandeado por el acoso del fujimorismo y denuncias de corrupción, coloca a este país sudamericano en el camino de la ingobernabilidad.
El abandono del conservador Kuczynski, horas antes de una probable destitución por parte del unicameral Congresolegislativo, y obligó al primer vicepresidente del país, Martín Vizcarra, a retornar con urgencia al país desde Canadá, donde ejercía como embajador, para asumir el cargo de jefe de Estado hasta 2021, como establece la Constitución.
Una vez que los legisladores acepten la carta del mandatario renunciante, es un trámite constitucional obligado que en el Congreso se ciña la banda presidencial a Vizcarra y se le invista como nuevo jefe del Estado, en un trámite previsto.
Vizcarra, quien este jueves 22 cumplió 55 años, es ingeniero de profesión. Sin partido propio destaca su gobernación de la región sureña y costera de Moquegua (20112014) con un movimiento político independiente.
Electo en la fórmula presidencial de Kuczynski, fue su ministro de Transportes y
Comunicaciones durante 10 meses, cuando renunció ante cuestionamientos por el proceso de construcción de un aeropuerto en el sureño y andino departamento de Cusco.
La crisis sumió a la población entre la incertidumbre y la decepción, incrementadas ante sucesivas declaraciones de portavoces del fujimorismo presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción.
Alberto Fujimori, quien presidió el país entre 1990 y 2000, buena parte en forma autocrática, fue condenado a 25 años de cárcel por graves y sistemáticos hechos de corrupción y de violación de los derechos humanos.
“Todos son unos corruptos, nadie se salva acá. Los fujimoristas, los que están en el gobierno solo piensan en sus intereses y no se acuerdan de las necesidades de la gente”, comentó a IPS la docente Tania Vidal, ya jubilada con una pensión mensual equivalente a 240 dólares, mientras repasaba los titulares de los diarios en un puesto de la calle.
Su postura, enmarcada en la consigna pública de “que se vayan todos”, es parte del 49 por ciento de personas de zonas urbanas y rurales que según una encuesta de la empresa KFK, publicada este jueves 22 en el diario La República, demanda nuevas elecciones para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Para Ángel Paéz, analista político y jefe de la Unidad de Investigación de ese diario, el “que se vayan todos” es una posición fruto de la frustración y sin asidero en el sistema político peruano, y más pronostica que Vizcarra continuará los tres años y cuatro meses que restan al periodo del actual gobierno.
“Los fujimoristas quieren que él asuma, lo necesitan porque temen las investigaciones fiscales y los procesos judiciales. Lo que ellos buscan es impunidad”, declaró a IPS.
La alargada sombra de Odebrecht
El fujimorismo debe enfrentar las denuncias derivadas del megacaso de corrupción conocido como Lava Jato (lavado de autos), que desde Brasil extiende sus tentáculos por todo el continente, y que implica el financiamiento de la campaña electoral de 2011 de la entonces candidata presidencial Keiko Fuijimori.
Según Jorge Barata, exoperador del emporio brasileño