El Pais (Uruguay)

La semana próxima se confirmarí­a plebiscito

Faltan sumar 16 mil firmas .La Corte Electoral estima que el miércoles terminará revisión

- FABIÁN CAMBIASO

La Corte Electoral avaló hasta ayer 259.722 firmas destinadas a habilitar el plebiscito para reformar el sistema de seguridad social y eliminar las AFAP, promovido por el Pit-cnt, varios sectores del Frente Amplio (FA) y diversas organizaci­ones sociales. Suponen el 9,4% del padrón electoral por lo que basta que en las próximas horas sean validadas 16.429 de las poco más de 68.000 que restan analizar, para confirmar que se alcanzó el apoyo del 10% exigido por la Constituci­ón y que, por lo tanto, la consulta popular se realizará en octubre junto a las elecciones generales.

En la Corte Electoral consideran que, de acuerdo al ritmo de trabajo, la confirmaci­ón se concrete el próximo miércoles. Pero, lo que está lejos de finalizar es la polémica por el alto porcentaje de rúbricas que fueron desechadas. Los datos procesados por El País indican que, de las 361.931 firmas que se llevan ingresadas, el 24,8% fueron rechazadas. A mediados de mayo el promedio era del 20% y que a inicios de junio de 22%. “Un escándalo”, lo definió el senador nacionalis­ta Javier García. El legislador pone el foco, básicament­e, en los 43.329 descartes porque la firma “no coincide” con la que figura en la credencial cívica del firmante. El análisis jurídico que está realizando se debe a que, en su visión, existe un “vacío legal” desde que en 2012, una circular de la Corte Electoral eliminó la obligación de denunciar penalmente este tipo de situacione­s. Lo que analiza el senador blanco es proponer que esa obligación de denunciar sea restituida.

La Corte Electoral llevaba avaladas hasta ayer 259.722 firmas destinadas a habilitar el plebiscito para reformar el sistema de seguridad social, promovido por el Pitcnt, varios sectores del Frente Amplio (FA) y diversas organizaci­ones sociales. Suponen el 9,4% del padrón electoral por lo que basta con que en las próximas horas sean validadas 16.429 de las poco más de 68.000 que restan analizar para confirmar que se alcanzó el apoyo del 10% exigido por la Constituci­ón y que, por lo tanto, la consulta popular se realizará en octubre, junto a las elecciones generales.

Tanto en el organismo como entre los organizado­res se da como un hecho que el objetivo será logrado. Formalment­e, la corporació­n tiene previsto que, de acuerdo al ritmo de trabajo que se viene dando, la confirmaci­ón se concrete el próximo miércoles. Este jueves el proceso se interrumpi­ó por el paro convocado por la central sindical, y hasta el lunes el organismo estará abocado a las elecciones internas.

La Corte se limitará a comunicar oficialmen­te el resultado a la Asamblea General, que fue la que formalment­e le remitió las firmas. Una vez que se avalen las 276.151 firmas exigidas constituci­onalmente el trabajo finalizará. Lo que está lejos de finalizar es la polémica por alto porcentaje de rúbricas que ya fueron desechadas.

LAS QUE NO COINCIDEN. Los datos procesados por El País indican que, de las 361.931 firmas que se llevan ingresadas, 89.921 —el 24,8%— fueron rechazadas. Un promedio que a mediados de mayo era del 20% y que a inicios de junio era de 22%. “Un escándalo”, lo definió el senador nacionalis­ta Javier García, que apuntó que “no vale de cualquier manera” y que aseguró estar analizando distintas alternativ­as a seguir desde el punto de vista jurídico.

El informe de la Corte señala que 28.226 firmas han sido rechazadas bajo el argumento de “datos incompleto­s”. Por ejemplo, cuando la hoja firmada no incluye número y serie de credencial, requisito indispensa­ble para ser validada. En estos casos, la Corte y los organizado­res adjudicaro­n el hecho a que cada una de la papeletas utilizadas en la campaña de recolecció­n contenían cuatro espacios para firmas. Muchas fueron presentada­s con una o dos rúbricas, pero los espacios vacíos fueron contados como firmas entregadas.

García, sin embargo, pone el foco en el resto de las observacio­nes. Por ejemplo, en las 43.329 firmas descartada­s por “no coincidir” con la que figura en la credencial cívica del firmante. Se trata de uno de los requisitos claves exigidos en este tipo de procesos.

En 15.745 casos, la persona firmó dos o más veces. Hubo 1.435 firmas rechazadas al estar los firmantes “excluidos” del padrón electoral al no haber votado en las últimas dos elecciones. Además, hubo 377 casos “cancelados”, referidos a personas que ya falleciero­n. En 320 casos se observó “falta de firma” junto a los datos del firmante, y en otros 313 las firmas se rechazaron por correspond­er a “menores”. En 295 casos, los firmantes estaban “inhabilita­dos” que, entre otros, incluye a personas que están en prisión. García, en tanto, estimó que, de las 430 mil firmas que dice haber presentado el Pit-cnt, por lo menos 100 mil han sido “truchas” y que, al finalizar el conteo, “no se podrá ocultar la maniobra”, a la que definió como una “acción fraudulent­a de la voluntad popular”. Según explicó, el análisis jurídico que está realizando se debe a que, en su visión, existe un “vacío legal” desde que, en 2012, una circular de la Corte Electoral eliminó la obligación de denunciar penalmente este tipo de situacione­s. Lo que analiza el senador blanco es proponer que esa obligación de denunciar sea restituida.

Por otra parte, otras 12.288 firmas se consideran “en proceso”, al haber pasado a una segunda verificaci­ón o ser sometidas a resolución de los supervisor­es. El trabajo de verificaci­ón se viene llevando a cabo con 20 parejas de funcionari­os. Cuando ambos discrepen sobre si una firma debe o no ser validada, el conteo pasa a otra pareja. Y, de mantenerse la discrepanc­ia, se dará cuenta a las autoridade­s de la Corte Electoral.

El ritmo de verificaci­ón privó al Pit-cnt de poder celebrar este miércoles su objetivo en medio de la paralizaci­ón a la que convocó ayer.

La campaña de recolecció­n de firmas comenzó en octubre de 2023. La dirigente Nathalie Barbé (ATSS) dijo en rueda de prensa que “obviamente” hubo desde entonces personas que murieron luego de haber firmado, o firmas que “se trajeron desde el exterior”. En su visión, las denuncias por irregulari­dades obedecen a una intención política en el contexto de las elecciones internas.

Hoy, según supo El País, varios dirigentes sindicales se presentará­n ante la Corte Electoral y elevarán un recurso, luego de comprobar que sus firmas fueron rechazadas.

Hubo unas 28.226 rúbricas que se descartaro­n por “datos incompleto­s”.

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RESULTADO. La Corte Electoral comunicará las conclusion­es de su revisión de firmas a la Asamblea General, que fue quien formalment­e presentó las rúbricas para la consulta

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