Clamor por los presos políticos en Nicaragua
“Están muriendo y nadie parece preocuparse por ellos”
Marcos Antonio Sánchez Hidalgo sufrió dos derrames cerebrales en la celda del Sistema Penitenciario La Modelo en menos de 15 días. El primero, el 24 de mayo, y el segundo, el 5 de junio pasado. El preso político quedó con secuelas bien marcadas: apenas puede caminar, porque arrastra su pie derecho, y la mano del mismo lado la tiene paralizada. Son sus compañeros de cautiverio quienes no solo le ayudan a moverse, sino que les reclaman a los carceleros del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo atención médica para el hombre, de 48 años de edad. Pero la súplica de los reos ha sido desoída hasta la publicación de este artículo.
“Se encuentra gravemente enfermo y su vida corre peligro”, denunció el Grupo de Secuestrados Políticos Unidos a través de un comunicado difundido con carácter de urgencia y tono de desesperación. “Las autoridades del sistema penitenciario no le han brindado la debida atención médica, limitándose a atenderlo en la clínica del penal, donde una de las doctoras dijo textualmente que había sufrido dos derrames (…). Demandamos a las autoridades del penal atención médica especializada, recordándoles que es responsabilidad de ellos la vida de Marcos, por cuanto se encuentra bajo su custodia y debe ser tratado con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Dos días después, a través de otro comunicado, familiares de los 141 presos políticos que actualmente mantiene el régimen sandinista en las prisiones de Nicaragua lanzaron un grito con más alarma: “Nuestros presos están muriendo en las cárceles y nadie parece preocuparse por ellos”.
Marvin Vargas, quien lleva 13 años en prisión y es considerado por organismos de derechos humanos como el primer preso político del régimen, ha sido diagnosticado con cáncer de próstata. Tampoco recibe atención médica especializada y su salud se resquebraja. Otros reos de conciencia con afectaciones son Walter Balmaceda, un enfermo crónico que actualmente “tiene una gran pelota en el estómago”, y necesita ser valorado y opera
do. Mientras que Ricardo Cortez Dávila, quien pasó varios años en una celda de aislamiento, ha quedado ciego, denuncian los familiares.
A pedido de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), una organización que trabaja defendiendo presos políticos y acompañando a sus familiares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a nueve personas presas políticas. El organismo interamericano considera que estas personas “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.
“La parte solicitante (UDJ) afirmó que los beneficiarios enfrentan violencia cometida por agentes penitenciarios y que se encuentran en condiciones de detención insalubres e inadecuadas. No tienen acceso a cuidados médicos adecuados, lo que agrava enfermedades crónicas, y sufren privación constante de sueño y tortura psicológica”, se lee en el documento emitido por el organismo internacional. “Igualmente, estarían vulnerables jurídicamente debido a la falta de comunicación con el ambiente externo y por la ausencia de una defensa legal eficaz. Por su parte, el Estado no ha presentado respuesta a la CIDH”.
LO PEOR: EL OLVIDO. Aparte de la situación de salud de los presos políticos, los familiares denuncian en el comunicado que lo peor que se experimenta en las prisiones del régimen es el “olvido”. Los reos políticos expresaron su “desesperación y preocupación” a sus parientes, ya que en cada visita preguntan si hay negociaciones o campañas por su liberación. “Al enterarse de que nada de eso está ocurriendo, guardan un silencio incómodo”.
Desde que el obispo Rolando Álvarez fue liberado y desterrado a Roma junto a otros religiosos católicos en enero pasado, la pareja presidencial se libró de los presos políticos con mayor exposición pública. Sin embargo, el régimen mantuvo el “efecto puerta giratoria”, es decir, siguieron capturando ciudadanos considerados críticos y opositores hasta volver a sumar 140 detenciones arbitrarias hasta la fecha.
No obstante, estos nuevos reos políticos son personas sin proyección pública, “anónimos”, denuncian sus familiares, lo cual ha influido en que los reclamos por su liberación sean tibios y no beligerantes como fueron las campañas en torno a la liberación del grupo conformado por precandidatos presidenciales, empresarios, líderes estudiantiles, activistas políticos, campesinos, entre otros.
“Hacemos un llamado urgente a las organizaciones internacionales y les pedimos que se unan a nuestro clamor, a nuestro grito desesperado de libertad para las personas presas políticas en Nicaragua. No nos dejen solos; la enfermedad y el régimen carcelario están consumiendo a nuestros seres queridos”, claman los familiares.
“Los familiares sentimos que apenas salió monseñor Álvarez ya nadie dice nada, como si monseñor Álvarez fuera el único preso político en Nicaragua. Cuando el obispo estaba preso había campaña tras campaña en redes, pero ahora todo está callado, pocos dicen algo”, dijo a El País uno de los familiares que suscriben el comunicado, pero que pide anonimato. “Las personas que estamos en Nicaragua no podemos hacer nada, porque ahí no más nos van a arrestar, pero afuera del país hay cientos de personas y nadie dice nada”.
En su última actualización de patrones represivos, comprendida entre el periodo de febrero y abril de 2024, la Unidad de Defensa Jurídica no solo identifica la desaparición forzada por ocultamiento de paradero como una práctica recurrente de las autoridades estatales, sino que las condiciones en las celdas se han agudizado.
“Se ha incrementado la presencia de plagas en algunas celdas y el agua potable que consumen está contaminada. Se ha registrado el uso indiscriminado de bicarbonato de sodio en las raciones de comida, las torturas psicológicas se han redoblado, al mismo tiempo que surgieron las extorsiones a familiares con la falsa promesa de liberar a sus seres queridos a cambio de grandes sumas de dinero”, denuncia la UDJ.
El régimen de Ortega y Murillo mantiene a 141 presos por razones políticas.