Hay que evitar la polarización
Uruguay cuenta con un sistema de seguridad social que nos destaca a nivel regional e internacional y, al mismo tiempo, existe un amplio consenso sobre la necesidad de realizar una nueva reforma del mismo, que se adapte a la situación demográfica del país y los cambios en el mercado de trabajo.
A partir del artículo 393 de la ley 19.889 votada en julio de 2020, se conformó la Comisión de Expertos en Seguridad Social, reuniendo una visión amplia, plural y representativa de la sociedad uruguaya. El objetivo de dicho grupo es el análisis, debate y asesoramiento respecto a las transformaciones que es necesario realizar en la materia.
La creación de la CESS demuestra el camino de diálogo elegido por la actual administración. A esa amplitud de miradas, se suma el análisis de los mejores expertos, reuniendo la experiencia nacional y mundial para garantizar el mejor proceso.
Hace algunos meses, la CESS presentó su informe de diagnóstico poniendo sobre la mesa algunas recomendaciones que marcan el rumbo del debate. Notoriamente, es clave dar esta discusión partiendo de un necesario consenso respecto a cumplir con el objetivo de la sostenibilidad financiera, como requisito fundamental sobre el cual se apoyan la sostenibilidad social, intra e intergeneracional.
El contexto actual, con amplias transformaciones en el mercado laboral y notorios cambios a nivel demográfico, presiona a los sistemas de pensiones en el mundo entero y nos obliga a revaluar los mecanismos de protección social en la vejez.
En Uruguay, la dinámica demográfica marca un acelerado envejecimiento poblacional, proyectándose su duplicación para el año 2070, llegando a un 29% del total de la población. Esto, según se publica en el informe de la CESS, significa que mientras en el año 1950 había casi 8 personas de entre 15 y 64 años por cada persona de 65 o más, hoy la relación es de 4 a 1, y para 2050 será de menos de 3 a 1.
La edad mínima de acceso a las jubilaciones, sin embargo, no ha acompañado esta transición demográfica. Actualmente,
se estima una sobrevida de 22,5 años y se estima para el año 2070 que esa cifra llegue hasta los 27,1 años. Esto, entre otras cosas, significa que poblaciones activas cada vez más chicas, deberán financiar generaciones de jubilados cada vez más grandes y por más tiempo. Transformarlo entonces, supone un desafío para la sostenibilidad y la justicia entre generaciones.
Resulta fundamental considerar en el debate actual no solo a quienes alcanzan en los próximos años la edad de retiro, sino también a aquellas generaciones jóvenes que serán los encargados de sostener el sistema. Sin dudas, cualquier cambio deberá incorporar la variable de la progresividad en su implementación, respetando los derechos adquiridos por las actuales generaciones, sin hipotecar el futuro de los más jóvenes
La concreción de esta reforma es uno de los principales desafíos que enfrenta el actual gobierno, en términos de sostenibilidad fiscal y justicia social. La importancia del tema, uno de los principales para el futuro del país en el largo plazo, necesita que nuestros políticos, empresarios y sindicalistas asuman con madurez el desafío, priorizando el consenso y evitando la polarización por presuntos beneficios electorales de corto plazo.
La concreción de esta reforma es uno de los principales desafíos que enfrenta el gobierno.