Gobierno, S.A. agencia de colocación
España cuenta con el gobierno más elefantiásico de la democracia. Seguramente uno de los más numerosos de Europa. Y si hablamos de asesores, sólo en La Moncloa forman un auténtico batallón, más de 800. Si hablamos de empleados públicos, la cifra supera los tres millones, y si nos fijamos en los organismos, agencias u observatorios, es casi imposible enumerarlos. Sin embargo, el Gobierno no para de aumentar el número de estos últimos con el consiguiente aumento del gasto público. Y ya sabemos lo difícil que es luego acabar con esa maraña de empleados y coste que al final hacen un trabajo que perfectamente podrían realizar los centenares de miles de empleados públicos, funcionarios o asesores.
En los últimos tiempos, por poner algunos ejemplos, se han creado la Agencia Estatal de Salud Pública, la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial o la Agencia Estatal de Administración Digital. Pero es que esta última semana el presidente del Gobierno anunciaba la creación de una Oficina de Cultura dependiente de La Moncloa, mientras el ministro de Cultura hacia lo propio con la Unidad de Atención y Prevención de Violencias Machistas en la Cultura cuando ya existe el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la Cultura.
Mientras todo esto sucede, el Ministerio de Hacienda aún no ha presentado ni un borrador de las cuentas públicas para 2024 a pesar de que si se prorrogan los del año pasado su utilidad sería muy escasa, ya que la Unión Europea aprobó el regreso de las reglas fiscales. Montero sigue insistiendo en que habrá Presupuestos, aunque el Senado haya tumbado las reglas de gasto y cuente con un informe que, asegura, anularía ese veto.
La cruda realidad es que ya España soporta una deuda pública descomunal, una Administración enorme, el volumen de gasto público es histórico y sin embargo se dejan sin atender asuntos vitales para miles de ciudadanos como los enfermos de ELA y sus familias, la pobreza infantil, la modernización de la Administración o la atención al ciudadano en tiempo y forma.