La Guardia Civil detiene a un asesor del exministro Ábalos
La Audiencia investiga a Koldo García por corrupción
La Guardia Civil detuvo en la noche del martes en Alicante a Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos al frente de la cartera de Transportes, por un caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid, en una investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
Al hilo de la operación, el PP pidió al presidente del Gobierno que explique si el cese de Ábalos en el 2021 estuvo vinculado a estas actividades fraudulentas de su exasesor, extremo que el propio Pedro Sánchez rechazó rotundamente. Preguntado específicamente por ello en Rabat, al final de su visita a Marruecos, el jefe del Ejecutivo señaló: “Esto significaría que yo lo sabría”.
Además del exasesor de Ábalos, entre los detenidos también se encuentra Víctor de Aldama, presidente del CF Zamora y quien, según los investigadores habría realizado negocios con Koldo García. Según explican fuentes de la investigación, el origen de la causa es una denuncia presentada hace más de dos años.
En la denuncia, que luego sirvió para que Anticorrupción presentara una querella, se recogía unos contratos por parte de los ministerios de Interior y de Fomento y de varias comunidades autónomas durante la pandemia para la adquisición de material sanitario.
La investigación apunta a un desembolso en contratos que no pasaron los filtros al ser concedidos con carácter de urgencia por valor de 53 millones de euros. Desde entonces, los investigadores han tirado del hilo hasta que han detectado la participación de García Izaguirre en la concesión de adjudicaciones irregulares y su posterior blanqueo de capitales con el dinero recibido.
Estas mismas fuentes explican que el exasesor de Ábalos habría amañado contratos de Adif en la época en la que él era consejero de la empresa pública. Según información de Anticorrupción, en el operativo se detuvo a una veintena de personas y se realizaron 26 registros por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, relativos a la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones. ●
La causa arranca de una denuncia del PP de Madrid en el 2022 por contratos irregulares de 53 millones de euros