Bélgica niega definitivamente la entrega a España del exconseller Puig
La Fiscalía, que representa al Supremo español, descarta presentar recurso
Punto y final a la petición de extradición del exconseller Lluís Puig en Bélgica. Bruselas cerró ayer la causa abierta por la solicitud de entrega del Tribunal Supremo español por malversación después de que la Fiscalía belga decidiera no presentar recurso en última instancia ante el fallo del día anterior del Tribunal de Apelación, que había rechazado la extradición de Puig. La Fiscalía de Bélgica, que actuaba en representación del Supremo español, tenía 24 horas para elevar la cuestión al Tribunal de Casación –que atiende a cuestiones procedimentales–, pero lo descartó, por lo que la negativa a la extradición de Puig es definitiva. Y así lo celebró su defensa.
Y es que desde el equipo jurídico de Puig, que comparte con los también expatriados Carles Puigdemont y Toni Comín, están convencidos de que la decisión ya firme de la justicia belga marca un punto de inflexión ya no solo en su propias euroórdenes –a la espera del suplicatorio en el Parlamento Europeo–, sino en toda la causa del procés, también con los líderes independentistas presos. En este sentido, enfatizan que el tribunal belga confirma la falta de competencia del Supremo para juzgarles y que apunta a una falta de imparcialidad.
“Se ha acabado una batalla judicial que empezó con nuestro exilio y España ha perdido”, subrayó Puigdemont, en un mensaje dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que “acate la sentencia” y libere a los nueve presos del procés. “No puede seguir mirando a otro lado, el Gobierno es responsable de esta situación y debe rectificar”, siguió, apelando a su compromiso para desjudicializar el conflicto y buscar una salida política: “Europa le abre la puerta, tienen las herramientas y la mayoría parlamentaria para sacarlos de la cárcel”.
Mientras el independentismo reclama amnistía y la Moncloa sopesa los indultos y la rebaja de la sedición, el Constitucional tiene pendiente los recursos de amparo de los presos, que quieren agotar las vías antes de ir a la justicia europea. Con todo, donde el equipo jurídico de Jxcat es más optimista es en los procesos pendientes de Puigdemont y Comín, también en Bélgica, y Clara Ponsatí en Escocia, al entender que los argumentos para negar la extradición de Puig son “extensibles” al resto de expatriados.
Pese al jarro de agua fría que supone para el Supremo español la denegación definitiva de la entrega de Puig, fuentes jurídicas del Alto Tribunal consultadas por La Vanguardia recuerdan que la orden de detención nacional, europea e internacional contra el exconseller sigue completamente activa. Esto es, si Puig saliese en algún momento de Bélgica y los servicios de seguridad del país de destino tuviesen constancia de este movimiento, se procedería a su inmediata detención.
La euroorden denegada contra Puig emitida por el Tribunal Supremo versaba por el delito de malversación de caudales públicos. La justicia belga no entra en el contenido del asunto y ha fallado que no es el TS el órgano competente en este caso delictivo. Así, las fuentes preguntadas sobre el asunto recuerdan que en el caso de Puigdemont y Comín se solicita su extradición por, además de malversación, el delito de sedición. Por ambos delitos el Supremo condenó a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, y Dolors Bassa a penas de entre 13 y 12 años de prisión, mientras que a Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se les imponía penas de 9 a 11 años y medio estrictamente por sedición.
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