Congelado el proyecto de ley para limitar los alquileres en Catalunya
La proposición de ley para regular y controlar el precio de los alquileres en las ciudades catalanas de más de 20.000 habitantes, que se debía aprobar hoy en el Parlament, quedará congelada hasta finales de septiembre o principios de octubre, por lo menos. Hasta el próximo periodo de sesiones.
Ciudadanos y PP llevaron ayer el texto al Consell de Garanties Estatutàries al considerar que la Generalitat y la Cámara catalana “no tienen competencias” para legislar sobre la materia. Además, denunciaron que el proyecto contiene artículos y párrafos “copiados” del decreto que aprobó el Govern el año pasado –sin que lo validara el pleno– en el mismo sentido y que fue declarado inconstitucional en buena medida por el órgano consultivo catalán. El Consell tiene ahora 30 días para emitir un informe que no será vinculante.
La maniobra del partido naranja y de los populares, no obstante, da tiempo para negociar a los grupos que registraron la propuesta la semana pasada y que la querían aprobar por lectura única, una vía urgente que reduce los plazos de tramitación. La proposición la firmaron Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, los comunes y la CUP, y se acordó junto con el Sindicat de Llogaters y el Departament de Justícia.
Jxcat, para sorpresa de las demás formaciones, anunció el martes en el primer debate de la ley ocho enmiendas que suscribe y apoya la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, que tiene las competencias en vivienda. El grupo posconvergente cree que así “mejorará el proyecto”, mientras que los republicanos y los anticapitalistas consideran “intolerable” que las hayan presentado y que son en realidad una “enmienda a la totalidad”. También el sindicato, que pidió una reunión de urgencia con el president Quim Torra por la postura de su grupo parlamentario, rechazó de plano que se introduzcan modificaciones en el texto.
En Jxcat admiten que ahora “tendrán el tiempo de negociación” que merece el proyecto, que también había sido criticado por los socialistas catalanes, no por el fondo sino por el choque competencial con el Estado.
Cs y PP, en cambio, sí discrepan del contenido. Los primeros pidieron “aumentar el parque de vivienda pública para contener los precios” y que no se opte por limitarlos, lo que adjetivaron como “la vía demagógica”. En el PP, a su vez, hicieron suyas las consideraciones de la Autoritat Catalana de la Competència –dirigida por un alto cargo de ERC–, y afirmaron que la ley puede “tener el efecto contrario y que los precios más bajos suban hasta los índices de referencia”, que “se puede reducir la oferta de pisos” o que “las rentas no alcancen para un buen mantenimiento del parque de vivienda”.
Cs y PP llevan la propuesta al Consell de Garanties y Jxcat gana tiempo para negociar enmiendas