El Constitucional alemán desafía al BCE y a la justicia europea
El tribunal germano amenaza con bloquear el plan de compras de deuda pública y Lagarde replica que Luxemburgo lo considera legal
El Tribunal Constitucional alemán declaró ayer parcialmente contrario a la Constitución del país el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE) puesto en marcha en marzo del 2015 en la eurozona. El alto tribunal, en respuesta a una demanda de un grupo de economistas del país, dictaminó ayer que algunas acciones del BCE violan los principios constitucionales alemanes. En consecuencia, el fallo establece que el Bundesbank,
el banco central alemán, debe dejar de comprar deuda pública dentro de tres meses si el BCE no justifica antes la proporcionalidad de las adquisiciones para encuadrarlas en el mandato de la institución, que es la estabilidad de los precios. Los bancos centrales de cada país son los que ejecutan los programas de compra del BCE, siguiendo sus directrices en todo momento.
El Constitucional alemán, que dirime una cuestión sobre la que ya se pronunció la justicia europea avalando la praxis del BCE, sólo se refiere al Bundesbank, pero sus efectos van mucho más allá. Lo que haga o deje de hacer Alemania –la primera economía del euro, la piedra angular de su engranaje financiero y político– importa mucho al resto.
Por eso, la sentencia del Constitucional tensionó ayer el mercado de deuda. Los bonos españoles y, sobre todo, los italianos vieron aumentar su rentabilidad en cuatro y diez puntos básicos, respectivamente. No fue una tormenta, pero sí un susto, con más importancia en el medio y largo plazo que en el corto. De momento, nada cambia, pero se abren interrogantes en un momento delicadísimo, en medio de la mayor recesión global en 90 años.
El mensaje fue recibido de manera inmediata en la Eurotower de Frankfurt, que se movió con inusitada rapidez. Christine Lagarde, presidenta del BCE, convocó una reunión telemática de urgencia para cerrar filas y responder. Como le quedó claro a la banquera francesa nada más llegar al cargo –dijo entonces que el BCE no se sentía obligado a actuar para mantener bajas las primas de riesgo de los países del euro y rectificó de inmediato–, la comunicación es muy importante si estás en un banco central.
A última hora de la tarde, el BCE emitió un comunicado en el que dijo que tomaba nota de la sentencia y afirmaba, casi desafiante: “El consejo de gobierno permanece completamente comprometido en hacer lo que sea necesario dentro de su mandato de asegurar que la inflación crece a niveles consistentes con sus objetivos a medio plazo y con que las acciones de la política monetaria tomadas para mantener
la estabilidad de los precios se transmiten a todas las partes de la economía y a todas las jurisdicciones de la eurozona”. El comunicado terminaba recordando que la Corte de Justicia de la UE declaró en el 2018 que el BCE actúa conforme a su mandato de propiciar la estabilidad de los precios.
Ayer, con la misma celeridad con la que reaccionó el BCE y quien sabe si movido por alguno de sus compañeros, Jens Wiedmann, presidente del Bundesbank, hizo declaraciones a los medios para tratar de transmitir calma a los mercados: “El Constitucional destaca cualidades importantes del programa de compra de deuda pública, que, en general, asegura un margen de seguridad suficiente a la financiación monetaria a los gobiernos”, dijo. “He indicado en el pasado la importancia de este margen –añadió– y respecto a la independencia del consejo de gobierno del BCE, apoyaré los esfuerzos para cumplir las exigencias de explicar la proporcionalidad del programa”. Pero la realidad es que el golpe –matizado por Weidmann y amortizado con rapidez los mercados– cuestiona una de las principales herramientas empleadas por el Banco Central Europeo (BCE) en los últimos años para lograr que su política monetaria ultraexpansiva se transmitiera a la economía real.
El programa de compra de bonos –PSPP, por sus siglas en inglés– fue adoptado en marzo del 2015 para apuntalar la recuperación de la eurozona y facilitar que los enormes déficits generados durante la crisis se pudieran financiar y refinanciar a tipos bajísimos. Y que eso no lastrara el crecimiento. Esta expansión monetaria siempre chirrió en los países defensores de la ortodoxia, como Alemania, Holanda o Finlandia, entre otros.
En cinco años, el balance del BCE ha crecido desde los 2 billones de euros del 2015 a los más de 5 billones actuales y en Alemania –pese a que el Estado se financia a tipos negativos– no soportan ni la represión financiera ni que los vecinos del sur se financien a tipos bajísimos y sigan incurriendo en déficit para ellos inaceptables.
¿Qué pasará ahora? No demasiado. Los jueces de la ciudad de Karlsruhe precisaron que su decisión no se aplica al nuevo programa de lucha contra la pandemia del BCE, que fue aprobado el mes pasado por un importe de 750.000 millones de euros. “Es un toque de atención y el BCE verá limitado su margen de actuación y tendrá mucho más difícil ampliar el programa de compra de bonos en el futuro”, dice Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS en España y Portugal. Alemania paga. Y quiere mandar.
MENSAJE CONCILIADOR
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