CEOE y Foment piden que las autonomías ayuden en la reapertura
La CEOE y Foment reclaman más flexibilidad y colaboración público-privada
Las patronales reclamaron ayer al Gobierno que busque más consensos para acometer con la máxima celeridad y eficiencia una estrategia para gestionar la crisis económica.
A primera hora de la mañana, era el presidente de la patronal catalana, Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, quien exigía en una entrevista en RNE “unidad política” para evitar un mayor colapso económico. Horas después, el vicepresidente y director del Departamento de Asuntos Económicos de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, pedía la participación activa de comunidades autónomas y ayuntamientos en la gestión de la desescalada del confinamiento. “Ellos conocen mucho mejor la realidad social, laboral y empresarial y las necesidades de cada territorio”, aseguró.
Desde Foment insistieron en que la colaboración público privada es clave para acelerar la remontada económica. “Una participación intensa, pero temporal y corta, del sector público para acotar en el tiempo la recesión y remontar lo antes posible”,señalaban los empresarios catalanes.
En esta línea de trabajo, tanto CEOE como Foment del Treball presentaron ayer sendas hojas de ruta para diseñar una salida de la crisis enfocada, principalmente, a salvar a la máxima cantidad posible de empresas y empleos. “Tenemos que esforzarnos en que el sea mínimo el número de empresas que vaya a la quiebra. Ese es el indicador que van a evaluar los mercados a largo plazo”, advirtió Fernández de Mesa, que como exbanquero de inversión conoce bien las demandas de los inversores internacionales.
En su opinión, España tiene margen para implementar medidas de gasto público coyunturales para ayudar a las empresas. “A diferencia de la crisis del 2008, aquí lo que van a mirar los mercados es el número de quiebras que hay en España. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre que España tenga financiación internacional o no”, aseguró durante la presentación a la prensa del plan de medidas de la CEOE.
En él, la patronal ha trabajado con un escenario macroeconómico central, diseñado por los analistas de Esade y la consultora Deloitte, en el que contempla una caída del PIB del 8%, pero que podría empeorar hasta el 12% y el 15% en función de la magnitud de los posibles nuevos brotes que provoque la Covid-19 en otoño.
Por ello, la base para arrancar con seguridad una reapertura económica y atenuar lo máximo posible otra oleada de contagios es la realización masiva de tests fiables. Tanto CEOE como Foment solicitan al Gobierno que permita a las empresas gestionar la adquisición de tests para su personal. “Sólo si conseguimos la máxima trazabilidad de los contagios podremos enfrentarnos a un rebrote de la enfermedad sin necesidad de hacer un cierre completo de la economía como se ha hecho ahora”, aseguraba ayer el vicepresidente de la CEOE.
En el ámbito laboral ambas organizaciones también reclaman una mayor flexibilidad en la política de ERTE diseñada con la declaración del estado de alarma. “Es preciso flexibilizar y/o ampliar el periodo para formalizar un ERTE por fuerza mayor, una vez concluya el estado de alarma. De este modo se evitará el incremento del paro y se facilitará el arranque de la actividad económica”, recoge el documento aprobado ayer por la junta directiva de Foment del Treball. En esa flexibilidad los empresarios pretenden recuperar margen para poder despedir al personal en función de las necesidades económicas de las empresas. Otro de los puntos clave en la reclamación de los empresarios en el corto plazo es asegurar las líneas de liquidez para las empresas; ya sea flexibilizando la burocracia para acceder a los créditos del ICO e incluso ampliando hasta el 100% las garantías para las empresas más pequeñas.
En al ámbito fiscal, Fernández de Mesa advirtió que “subir los impuestos a la empresas es la peor medicina contra la crisis”. Por ello, reclaman aplazar el pago de tributos, rebajas en el IVA, más deducciones en el impuesto de sociedades, entre otras.
A medio plazo apuntan medidas para incentivar la reindustrialización en España, potenciar la digitalización, más inversión en I+D+I y ayudas especiales para sectores estratégicos como el turismo, la industria, el transporte, la sanidad o el comercio.
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