La justicia se aboca al colapso tras el parón por el coronavirus
La falta de digitalización de la administración de justicia impide el teletrabajo
La administración de justicia lleva un mes de parálisis desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus. No se celebran juicios y sólo se prestan los servicios esenciales: siguen trabajando los juzgados en funciones de guardia y se hacen inscripciones en el Registro Civil, aunque en el caso de Barcelona se han dado incidencias de calado que impiden que funcione correctamente. Ni se han registrado todos los nacimientos ni el atasco ha permitido inscribir las defunciones. En los juzgados se toman declaraciones a detenidos y se deciden sobre sus medidas cautelares, pero poco más.
La actividad judicial disminuyó un 87% la primera semana de confinamiento y un 93%, la segunda, según los datos estadísticos recopilados por el TSJC. Los profesionales de la justicia, jueces, fiscales, abogados, procuradores temen que cuando se levante el confinamiento la avalancha de casos sepulte el sistema. Nadie duda que el colapso está asegurado. “Este parón de la justicia es un golpe muy importante para una administración que estaba en una situación muy estresante. Hemos tenido que cancelar los juicios y suspender los plazos y a esto se añadirán los asuntos nuevos vinculados al coronavirus”, avisa la juez decana de Barcelona, Mercè Caso.
Todos los escritos, demandas y recursos que debían presentarse durante el mes de marzo se han suspendido. Para estos procedimientos el tiempo no pasa y empezará a contar una vez se levante el confinamiento, lo que provocará que se acumulen al resto de trámites que entren en los juzgados, derivados de la crisis económica que se avecina. La jurisdicciones civil y mercantil temen una cascada de casos relacionados con las empresas que puedan presentar un concurso de acreedores y los juzgados de lo Social tendrán que revisar los ERTE y despidos que se puedan impugnar. La pregunta es si la cascada se convertirá en tsunami.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó un plan de choque con 108 medidas con el objetivo de paliar los efectos que provocará la emergencia sanitaria, pero de momento, está en estudio. Algunas de las propuestas incluyen la eliminación de los recursos en algunas jurisdicciones o declarar el agosto hábil para la justicia, dos medidas que han cosechado duras críticas de las asociaciones judiciales que aseguran que pueden vulnerar los derechos fundamentales.
Una de las últimas medidas dictadas por el CGPJ se puso en marcha el pasado miércoles . Los abogados y procuradores pueden presentar escritos por vía telemática en los juzgados. Denuncias o demandas que, sin embargo, los jueces no pueden aceptar porque los plazos están paralizados. “Lo único que provoca esto es que los escritos no se amontonen en la mesa cuando se levante el confinamiento, pero yo no puedo resolver sobre estos escritos”, advierte el juez Pablo Baró, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Al estar los plazos suspendidos, se presenta otro inconveniente. La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija plazos de seis meses para los procedimientos simples y 18 meses para los complejos, puede atascar el sistema. El Ministerio de Justicia, de hecho, anunció esta semana la intención de reformar esta ley que fue aprobada en 1882.
Además, no todos los juzgados están digitalizados. El teletrabajo
POR LA CRISIS ECONÓMICA
La juez decana prevé una avalancha en los ámbitos civil, social y mercantil
108 MEDIDAS
El Consejo General del Poder Judicial prepara un plan de choque para paliar la saturación
en la justicia es limitado y esto impide que pueda seguir funcionando de forma normal en tiempo de confinamiento. Las jurisdicciones civil, mercantil, social y contenciosa tienen acceso al expediente digital. Los jueces pueden teletrabajar desde casa, pero no así los funcionarios de los juzgados, con lo que la capacidad de actuación queda muy limitada. “Es necesario cuanto antes que la función pública tenga la posibilidad de trabajar de forma remota desde sus casas”, reclama la juez decana. “La justicia no se puede permitir estar en esta situación de casi paralización. Hay que establecer medios y los mecanismos para que si vuelve a haber un rebrote del coronavirus, los juzgados puedan funcionar por teletrabajo”, agrega Baró.
“Nosotros somos un orden jurisdiccional que políticamente interesa pero somos los grandes olvidados en cualquier tipo de reforma o innovación”, tercia la juez de Violencia Doméstica, Paquita Verdejo, quien trabaja en funciones de guardia, por ejemplo, tomando declaraciones a los detenidos.
Sin embargo, la emergencia sanitaria ha obligado a practicar estas declaraciones de una forma distinta. Los interrogatorios presenciales de los arrestados se han restringido al máximo y la mayoría se llevan a cabo por videoconferencia desde la comisaría, evitando el traslado del arrestado y de los Mossos a la ciudad judicial. “Estoy muy satisfecha de cómo está funcionando y creo que se tendría que mantener en el futuro”, apunta Verdejo. La Conselleria de Justícia activó un sistema para que se pudiera conectar con los juzgados desde cualquier comisaría de Mossos para mantener la distancia social y evitar la concentración de personas en las dependencias judiciales.
La medida también beneficia a los abogados porque evita el doble desplazamiento que se hacía hasta ahora. Primero a comisaría y luego al juzgado. Ahora, con estas nuevas restricciones, los letrados acuden directamente a la sala de vistas donde asisten por videollamada a sus clientes que están en comisaría. Los jueces, el fiscal y la letrada de la administración de justicia se ausentan de la sala, mientras el abogado departe con el arrestado a través de una videoconferencia que no se graba. Luego se lleva a cabo la declaración.
En Barcelona, esta práctica sí que está funcionando. Esta semana 46 abogados del turno de guardia realizaron 39 asistencias a detenidos y el acompañamiento a nueve víctimas de violencia de género. “Las videoconferencias con detenidos en mossos se están llevando a cabo con éxito, evita el desplazamiento doble del abogado y se garantiza su salud, sin mermar el derecho de defensa. Trabajaremos para que esta vía se consolide en el futuro”, asegura la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, Maria Eugènia Gay.
Por su parte, el Consell de l’advocacia Catalana, en un comunicado, reconocía el esfuerzo que hace la Administración para adaptar
NUEVOS MÉTODOS
Las declaraciones de los detenidos se toman por videoconferencia
OBJETIVO: ELUDIR EL CONTACTO La nueva práctica evita los traslados de los mossos y de los abogados a comisaría
el sistema a la nueva realidad impuesta por el coronavirus, pero reclama extender esta posibilidad a toda Catalunya, ya que no en todas las comisarías y en todos los juzgados funciona correctamente. De hecho, denuncian que en juzgados de las Terres de l’ebre se han dado “situaciones incomprensibles”. En Terrassa ocurrió lo mismo. El TSJC apremió a la Conselleria de Justícia a mejorar “las deficiencias técnicas” que impidieron realizar las declaraciones de detenidos programadas con la comisaría de los Mossos de Terrassa lo que obligó a trasladar a todas las partes a las dependencias judiciales.