Los jueces no tienen la vacuna
El juez del Tribunal Supremo norteamericano Oliver Holmes deslizó en el texto de una sentencia una frase que me parece oportuno recordar. Decía: “Los jueces no somos Dios”. A pesar de la práctica paralización de la actividad judicial, se han conocido algunas iniciativas que inciden en la reprobable táctica de judicializar la política. Varios partidos políticos, asociaciones y particulares han inundado los órganos judiciales con querellas o demandas disparatadas que sólo pretenden buscar réditos electorales y desgastar al Gobierno.
Se solicitan medidas cautelares para que los jueces ordenen entregar mascarillas y distribuir equipos de protección. Afortunadamente, un juzgado de lo social de Madrid y el Tribunal Supremo han tomado la decisión de rechazar de plano estas pretensiones irracionales y con una evidente intencionalidad política. En síntesis, recuerdan que nos encontramos bajo un estado de alarma, en el que la adopción de medidas sanitarias corresponde al Gobierno de la nación.
Me parece muy grave la decisión de una juez de instrucción de Madrid de admitir a trámite una denuncia delirante que acusa al Gobierno de presuntos delitos de prevaricación y de lesiones por imprudencia profesional, por haber autorizado la manifestación del 8-M. Los líderes del PP y el de Vox anuncian querellas por homicidio imprudente, menos mal que no doloso, contra el presidente del Gobierno y varios ministros, estableciendo con temeridad e intencionalidad política una relación de causalidad entre las decisiones del Gobierno y las muertes o lesiones que se contabilicen durante la crisis de la Covid-19. Otros apuntan a la existencia de delitos contra la seguridad de los trabajadores e incluso contra la seguridad nacional.
En los momentos venideros, me temo que los políticos van a tratar de solventar sus diferencias por la vía de los tribunales, alentados por los éxitos obtenidos, en ocasiones, con el beneplácito de algunos jueces. Les cuesta trabajo entender lo que significa el principio de la división de poderes y las limitaciones de su competencia para criminalizar aquellas decisiones que sean medidas estrictamente políticas, mucho más si se toman en una situación de emergencia sanitaria.
Las decisiones, estrictamente sanitarias, económicas y sociales, adoptadas por el Consejo de Ministros durante el estado de alarma admiten críticas científicas o políticas. En una sociedad democrática, el poder judicial no puede tolerar la intromisión de intrépidos personajes que sólo pretenden manipular la jurisdicción penal y el Estado de derecho.
Habría que afinar los instrumentos jurídicos previstos en el Código Penal para aplicar correctivos disciplinarios al juez o magistrado que se arrogue groseramente atribuciones administrativas de las que carezca o impida su legítimo ejercicio por quien las posee. También sería conveniente, y así lo propugna el Consejo General del Poder Judicial, abrir la posibilidad de imponer multas a los litigantes temerarios.
Tiempo habrá, y espero que sea pronto, para medir, lo más serenamente posible, el impacto brutal e inesperado que estamos sufriendo. Todas las jurisdicciones se van a enfrentar masivamente a reclamaciones que habrá que acomodar a la multiplicidad de casos concretos. El máximo respeto para las pretensiones individuales y el más absoluto desprecio para los oportunistas políticos.
Una vez más, habrá que recordar que el derecho penal es un instrumento reservado para los casos expresa y taxativamente previstos en los códigos penales, adecuadamente interpretados. Acusar a un gobierno, sea del signo que sea, sea central o autonómico, de homicidios imprudentes o prevaricaciones en la toma de decisiones para hacer frente a la pandemia supone un abuso del derecho y una irresponsabilidad política que espero que paguen, en su momento, en las urnas.