El poder de los datos
Vivimos en Barcelona, una ciudad de valores éticos y sociales bien reconocibles que parten de una ciudadanía implicada y cooperativa. Aquí, un debate como el que expondremos adquiere un sentido estratégico.
La crisis sanitaria que nos azota obliga a una reflexión pausada sobre el delicado balance entre derechos, libertades y deber social. Los datos extraídos de los dispositivos móviles de cada individuo, bien usados, pueden contribuir a mitigar el impacto de la Covid-19 en la salud individual y colectiva, ya que a través de ellos podemos trazar los movimientos y contactos físicos de los individuos.
Quizá sea el momento de ejercer el derecho individual a compartir algunos de nuestros datos personales adicionales –la administración ya tiene los fiscales, de padrón y la mayoría de nuestras historias clínicas– con nuestros gobiernos, para mejorar la calidad de la información que los responsables políticos necesitan para tomar decisiones más informadas y, por tanto, errar menos en un terreno desconocido y poco definido como es una emergencia sanitaria global. En especial, si tenemos en cuenta que la mayoría de nosotros ya “cedemos”, a veces hasta entusiastamente, a Google, Amazon, Facebook, Apple y empresas similares toda esta información, y mucha más que usan para negociar con ella.
Ya sabemos que respetar el confinamiento y lavarse las manos puede ayudar en el corto plazo a frenar los efectos del contagio de la Covid-19. Ahora es el momento de dar un paso más al que todos podemos contribuir. El debate no es sobre nuestro derecho a la privacidad, que es inalienable, sino sobre lo que hay que cambiar para que nuestros datos personales, las infraestructuras de supercomputación y la inteligencia artificial ayuden a revertir la crisis y, de paso, regular sobre los principios éticos un mercado basado en la vigilancia continua de los ciudadanos.
En la gestión de esta crisis existen ejemplos sobre el uso de la tecnología para capturar datos personales usando las redes sociales y los dispositivos móviles con el fin de combatir, con cierto éxito, la extensión de la pandemia en países como Israel. En este caso, ha sido el Gobierno el que ha instalado, por decreto, un tipo de democracia vigilante. En Singapur y Taiwán se contrataron empresas con el mismo fin. En otros países, como Corea del Sur o China, se han realizado test masivos y activado servicios cuya finalidad es identificar a los portadores del virus para hacerles un seguimiento e identificar a quienes han estado en posible contacto con ellos. El resultado de estos servicios ha sido positivo en el control de la pandemia. En otros escenarios menos convulsos y con otro tipo de datos, como en el caso del cáncer, hay experiencia suficiente para tratar de forma segura y ética los datos personales.
Nuestras leyes y valores éticos difieren de los de estas sociedades, aunque compartamos los mismos objetivos: paliar el sufrimiento, reducir el número de fallecimientos y, en lo posible, evitar un perjuicio mayúsculo a la economía. Pero ¿tenemos sólo estos objetivos? Nos atreveríamos a añadir otro más: evitar que nuestro estilo de vida en una sociedad participativa, igualitaria y democrática, aunque se ajuste, se pierda.
En Europa, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos (GPDR) cuyos artículos 9, 14 y 22 permiten regular el uso adecuado de los datos en situaciones como ésta. Sabiendo que en nuestro país existen las capacidades tecnológicas necesarias y una ciencia que, aunque maltrecha por los recortes, sigue siendo de máxima calidad ¿por qué no hemos implementado servicios similares a los de otros países? Si los ponemos en marcha, tenemos que designar a un responsable identificable del uso de nuestros datos, especificar unos términos de uso transparentes, una caducidad en su almacenamiento, y garantías de seguridad, integridad y anonimidad. Sería también necesaria una exposición, lo más clara posible, de los beneficios que la combinación de estos datos supondría para cada individuo y para la sociedad y, mostrar cómo su suma e interpretación darían una información indispensable para mejorar la calidad de nuestra respuesta colectiva a la crisis.
Aún a sabiendas de que tener muchos datos de calidad es sólo parte de la solución (se necesita también aumentar la investigación, validar y compartir resultados a nivel europeo, realizar más pruebas a la población, fármacos y vacunas eficientes), parece obvia la necesidad de abrir este debate en un momento como el actual.
Ahora que comenzamos a pensar en el día después del confinamiento, es necesario que las herramientas tecnológicas y los datos estén disponibles para cuando surjan posibles rebrotes –quizás estacionales– del virus. En esta circunstancia, parecería lógico que nuestros gobiernos nos pidiesen un extra de confianza, y les permitiésemosaccederanuestros datos de movilidad (con las prevenciones ya mencionadas y otras que quizás se nos escapan), para que pudieran utilizarlos de forma apropiada para minimizar los daños de la pandemia. Hay gobiernos como el de Reino Unido que ya lo hacen. Para ello, se debería dar un factor imprescindible que contribuya a ofrecer la seguridad y la confianza necesarias para que el ciudadano actúe de forma generosa y altruista: alejar el debate político de esta cuestión, evitando polémicas de corte partidista, que produzcan en los ciudadanos la inseguridad y la desconfianza que ante este drama deberían evitarse. Mientras estas controversias siguen, las empresas dueñas de las redes sociales continúan imparables capturando nuestros datos.
Los ciudadanos tenemos la obligación de examinar lo que está pasando y valorar la oportunidad de ceder parte de nuestra información, por un tiempo limitado, permitiendo preservar valores éticos como la intimidad, la privacidad, la libertad de circulación y la de conciencia, conservando los derechos que tanto esfuerzo ha costado conseguir en un mundo que hoy ya es diferente. Es momento de reflexionar sobre cuán ridículo parece regatear a las agencias estatales que luchan contra la pandemia, en tiempos de emergencia, lo que cedemos sin pensar a compañías privadas. Es tiempo de meditar sobre los impactos positivos y negativos de estas acciones, y actuar como ciudadanos informados y coherentes.