Un toque de alarma

Hace algún tiempo reencontré a un viejo amigo francés, al que conocí en la Barcelona de los años ochenta como directivo de una empresa y que ha culminado recientemente su carrera en París. Meses atrás le pregunté por el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia, y me respondió así: “Es un tema grave: las clases medias bajas y la ruralía (sic) no llegan a fin de mes. Ven como la economía crece, pero que a ellos no les llegan los efectos de la mejora”. Es decir, la desigualdad. Me quedó gravado y, la pasada semana, los incidentes surgidos en Extremadura y Andalucía me han hecho pensar si no estaremos ante un brote similar. Por otra parte, es inevitable que la ubicación andaluza de las protestas me retrotraiga medio siglo atrás, cuando trasegué dos textos excelentes: Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, del notario que fue de Bujalance (Córdoba) Juan Díaz del Moral, y Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX ,de Edward Malefakis.

Las agitaciones en el sur de España comenzaron –escribe Malefakis– a partir de 1830, cuando el rápido crecimiento de la población y la revolución de las ideas políticas provocaron serios conflictos: ocupación de fincas, ataques a la Guardia Civil, quema de archivos... De hecho, Díaz de Moral fue incapaz de descubrir una revuelta anterior al siglo XIX, con excepción de la insurrección de Fuente Obejuna. Y resulta paradójico que fuera España la nación europea más propensa a revoluciones durante el siglo XIX, cuando durante toda la edad moderna –de Lutero a Napoleón– había disfrutado de una paz interna desconocida en el resto de Europa y sólo alterada por las rebeliones autonomistas en Catalunya y Aragón, y por la independencia de Portugal. Las guerras religiosas y las convulsiones políticas europeas se detuvieron en los Pirineos. Lo que tiene una explicación: la paz interna española era más reflejo del estancamiento del país que producto de una armonía fecunda. Así, aunque es posible que los nuevos conceptos de libertad e igualdad tuvieran efectos desestabilizadores al filtrarse entre el campesinado, fue la desamortización de los bienes eclesiásticos y de las tierras comunales la que empeoró fuertemente la condición de los campesinos del sur. Joaquín Costa lo tenía claro: “Estos bienes eran el pan de los pobres (...) el Banco de España de la indigente clase obrera. La desamortización ha significado el asalto a este banco por parte de las clases privilegiadas”.

A partir de ahí, estas masas rurales –especialmente en Andalucía– comenzaron a tomar conciencia de sí mismas, asumieron con fervor religioso (bien captado por Díaz del Moral) la doctrina anarquista y promovieron con frecuencia disturbios graves que fueron reprimidos duramente. A partir de 1917, la situación se agravó a causa del aumento del coste de la vida, la inflación y el influjo de la revolución rusa. Todo lo cual provocó –una vez proclamada la Segunda República tras la dictadura del general Primo de Rivera– que la reforma agraria se convirtiese en uno de los ejes del programa republicano y se promulgasen –no sin dificultades– la ley de Arrendamientos Rústicos y la ley catalana de Contratos de Cultivo.

Pero todo acabó como acabó; y, tras la larga dictadura franquista, la situación de la España rural es hoy bien distinta, aunque sigue aquejada por otros problemas crónicos y graves. En primer lugar, los que derivan de su vaciado por una emigración constante y vigente, en forma de severas y crecientes disfunciones en la prestación de los servicios públicos (la España vacía); y, en segundo término, una progresiva disminución de rentas de los trabajadores del campo, por una diferencia creciente entre los precios pagados a los agricultores y los cobrados a los consumidores. Todo lo cual genera una crisis que no puede minusvalorarse. La perduración sin resolver del problema territorial provoca quizá, además de sus específicos efectos negativos, otro muy considerable: que se deje de prestar la atención debida a otras cuestiones que son tanto o más graves, por afectar de un modo directo a la vida y al bienestar de las personas. Uno de estos problemas vuelve a ser hoy la cuestión agraria.

Sólo faltaba, además, que la Unión Europea se disponga a recortar los fondos estructurales y la política agraria común (PAC), a resultas del impacto que el Brexit tendrá en los ingresos comunitarios. Este recorte denotaría una falta alarmante de reacción por la Unión Europea ante al conflicto en el campo, que ha estallado en varios países. Ha sonado un toque de alarma.

La perduración sin resolver del problema territorial ha restado atención a la grave cuestión agraria