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El recurso del PP y Cs contra los reales decretos de carácter social del Gobierno, y la consolidación en la conciencia social de la necesidad de continuar con la lucha feminista.
EL Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto con una extensa batería de medidas laborales y sociales que benefician a un amplio colectivo de personas. El presidente Sánchez, pese a las críticas de la oposición, que le acusa de electoralismo, está decidido, mientras pueda, a aprovechar todo el tiempo que le queda, hasta las elecciones del próximo 28 de abril, para gobernar. La ministra portavoz, Isabel Celaá, quiso dejar claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que pese a la convocatoria de elecciones el Gobierno no se encuentra en funciones.
La Junta Electoral Central, sin embargo, debe pronunciarse la semana próxima sobre el recurso que han presentado el Partido Popular y Ciudadanos contra la intención del Gobierno de utilizar las semanas que quedan hasta el 28 de abril para adoptar medidas que puedan tener carácter electoralista, ya que consideran que sólo tiene margen de maniobra para aprobar decretos leyes cuando se trate de asuntos de urgente necesidad.
También han pedido que se suspendan las ruedas de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros para evitar su efecto publicidad. No parece adecuado, sin embargo, que puedan limitarse las funciones del Gobierno siempre que se ajusten a la legalidad.
En cualquier caso, el conjunto de medidas aprobadas ayer, con independencia del carácter electoralista que le quiera atribuir la oposición, es positivo para un amplio sector de la población que todavía sufre los efectos de la reciente crisis y puede financiarse sin excesivos problemas.
En el extenso paquete de medidas urgentes aprobadas se amplían las ayudas y la protección social para diversos colectivos, se establecen diversos incentivos para la empleabilidad y se intenta mejorar la calidad en el empleo. La principal medida es que los parados mayores de 52 años podrán acceder al subsidio por desempleo que hasta ahora se reservaba a los mayores de 55 años. Esta prestación, que beneficiará a cerca de 380.000 personas, podrá percibirse hasta que se cumpla la edad ordinaria de jubilación.
Asimismo, entre otras medidas, se establecen bonificaciones a la contratación de las personas en desempleo de larga duración; la reducción de las cotizaciones de los trabajadores asalariados del Sistema Especial Agrario y un plan de conversión a contratos indefinidos o fijos discontinuos de este colectivo. Además, se impulsan medidas para la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores fijos discontinuos en sectores con un alto grado de temporalidad por estar vinculados a la actividad turística.
Para combatir los abusos que se producen en los contratos a tiempo parcial, en los que los trabajadores acostumbran a realizar más horas de las establecidas, el decreto ley aprobado establece también la obligatoriedad por parte de las empresas de llevar un registro con el inicio y la finalización de la jornada laboral, de forma que se posibilite el control por parte de la Inspección de Trabajo. Esta medida parece inicialmente positiva, aunque los sindicatos consideran que es insuficiente para ejercer un control adecuado.
En el decreto ley citado se incorpora también la constitución del grupo de expertos para la elaboración del nuevo Estatuto de los Trabajadores. Hay que considerar muy positivo, en este sentido, que el Gobierno no haya optado por la reforma –valga la redundancia– de la reforma laboral del Partido Popular, como querían los sindicatos, ya que en la actual situación política ello habría creado una grave inseguridad jurídica muy perjudicial para el empleo. Lo prudente ha sido dejarlo, en todo caso, para la próxima legislatura.