Todos en casa por Navidad

Como los amables lectores pueden imaginar, este artículo no pretende ser una glosa del refranero, sino que con toda claridad alude a la situación de los presos vinculados al procés y a su situación “provisional”, que, a mi juicio, se ha alargado más de la cuenta sin la debida justificación y que en el día de hoy no sólo redunda en un menoscabo de los derechos de defensa de los preventivos, sino que puede suponer un desprestigio para la propia jurisdicción, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ya lleva una buena temporada de excesivo protagonismo en los medios de comunicación social.

Casi cada día voces autorizadas de nuestro mejor periodismo, como el director de La Vanguardia, Màrius Carol, o Xavier Vidal-Folch, en El País, alertan de los graves problemas que puede acarrear para el propio proceso judicial, su pureza, el cumplimiento de sus fines constitucionales de administrar objetivamente justicia de acuerdo con el interés general del Estado, el mantenimiento de una medida que por su exclusiva finalidad de aseguramiento del proceso, como es la prisión provisional, nunca puede ser una pena anticipada ni cumplir fines propios de las penas, además de que debe aplicarse sólo estrictamente lo imprescindible (principio de excepcionalidad) y dejarse sin efecto tan pronto sea posible, porque, como recuerdan nuestro propio Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo, el Estado de derecho exige preservar la presunción de inocencia hasta que se dicta sentencia.

Hace poco, en El Mundo, uno de nuestros más ilustres penalistas, Enrique Gimbernat, publicaba un artículo, bajo el expresivo título “Sobre los delitos de rebelión y sedición”, en el que venía a modificar la tesis que había defendido anteriormente sobre la calificación jurídica de los hechos en que se materializó el procés hasta la declaración de independencia, que efectuó en el Parlament de Catalunya el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pasando a asumir que, en realidad, tales hechos son subsumibles en principio en el delito de rebelión, contra su anterior opinión de que a lo sumo podían ser constitutivos de sedición.

Pero no es de este importante matiz jurídico del que quería hablarles, sino de las referencias que Gimbernat hacía en este artículo a la prisión provisional, porque en este punto, y con todo el respeto que tengo a este profesor, estoy en total desacuerdo con lo que escribió. Decía Gimbernat que “cuando se pide el cese de la prisión provisional por rebelión para los políticos catalanes procesados, o la aplicación del indulto para el caso de que sean condenados, se está renunciando, con ello, a la función preventiva general del derecho penal”. Y aun remachaba que, “de hecho, el que los políticos independentistas se encuentren en prisión y se enfrenten a muy graves penas… ya está desplegando sus efectos preventivo-generales, porque lo único que explica que los actuales dirigentes catalanes, desde Torra hasta Torrent –a pesar de sus discursos incendiarios–, se cuiden muy mucho de ejecutar actos es que saben que podrían tener consecuencias penales…”.

Pues bien, estas afirmaciones son totalmente inexactas, jurídicamente incorrectas y contrarias a nuestro sistema legal y constitucional, porque enlazar la prisión provisional con el efecto preventivo general o especial es confundir la prisión provisional con el cumplimiento de una pena propiamente dicha. Sólo la pena, una vez impuesta a través de un procedimiento justo dotado de todas las garantías, tiene que tener, entonces sí, efectos preventivos generales o especiales, mientras que la prisión provisional el único efecto que debe perseguir –porque, si no, es injusta e ilegal– es asegurar el proceso y la presencia del investigado, en este caso los procesados, en el juicio oral.

De manera que la tesis de Gimbernat sobre la prisión provisional viene a convertir esta, y este es el problema grave de la situación de los políticos catalanes presos, en una especie de escarmiento antedatado y una amenaza a los políticos que actualmente gobiernan la Generalitat, lo cual nunca puede asumirse como una finalidad propia del derecho penal en un Estado democrático de derecho.

De ahí que nos parezca urgente, para que el enjuiciamiento de los políticos catalanes en prisión provisional sea garantista y preserve sus derechos fundamentales, que cese inmediatamente esta medida cautelar excepcional. Y recuerdo, en tal sentido, que los que están en prisión provisional son, precisamente, los que han acreditado su sujeción al proceso compareciendo al llamamiento de la justicia, de forma que, por decirlo vulgarmente, parece además que están pagando justos por pecadores.

La prisión provisional de los políticos catalanes debe cesar ya para que el juicio sea garantista y preserve sus derechos