El juez que requisó datos a periodistas, acusado de prevaricación
La orden judicial dictada por el juez de Palma Miguel Florit para que fueran requisados teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas –con el fin de conocer sus fuentes– está recogiendo amplísimas muestras de rechazo procedentes de los más diversos sectores, coincidentes en estimar que dicha medida constituye un gravísimo ataque a la libertad de información. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un comunicado en el que dijo manifestar “su compromiso y su defensa del derecho fundamental a la libertad de información”, aunque sin entrar en el fondo del caso, porque “la tarea de establecer el alcance y límites de ese derecho y de sus mecanismos de protección corresponde a los jueces y tribunales en el seno del proceso”.
En este sentido, el Consejo sugirió utilizar “los cauces procesales adecuados”, es decir, recurrir dicha orden, que a juicio de los más de doscientos periodistas que dirigieron su queja al órgano de gobierno de los jueces vulnera también el derecho al secreto profesional, constitucionalmente protegido. Este planteamiento es parte del recurso que Diario de Mallorca y Europa Press, los medios afectados por la requisa judicial, defienden en la querella que ayer presentaron contra el juez Florit, a quien acusan de los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio –a cuenta de la irrupción policial en las redacciones de los medios citados– y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.
La querella sostiene que la incautación de material periodístico supone “una arbitraria conculcación del derecho a secreto profesional del periodista, arbitraria e insólita”. Hoy tendrá lugar una manifestación ante el Supremo para protestar por la agresión sufrida por los mencionados medios.