La patronal de VTC carga contra Uber por defender la liberalización total
Unauto, con el apoyo de Cabify, ve necesario acotar el mercado
Al largo conflicto que enfrenta al taxi con las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se suma ahora otro, que se estaba gestando desde hace tiempo y que ha acabado por aflorar: las discrepancias en el seno de la patronal de este último sector, Unauto, sobre su liberalización. El asunto quedó ayer a las claras al reclamar esta última organización públicamente a uno de sus asociados, Uber, que rectifique su posición favorable a la apertura total del mercado y se alinee con el resto de miembros, entre ellos la otra gran plataforma, Cabify, partidarios de que la Administración acote la oferta a la demanda.
Esta nueva batalla ha crecido a medida que avanzaba el contencioso iniciado por la CNMC en el Supremo contra la ratio fijada por el reglamento de transportes de un máximo de una licencia por cada 30 de taxi. Unauto, Uber y Cabify se sumaron al recurso. En el otro lado se situaron, entre otros, el Ministerio de Fomento y el sector del taxi. El Alto Tribunal debe pronunciarse sobre la cuestión en breve pero, antes de que lo haga, el Gobierno aprobó el pasado viernes un real decreto ley en el que deroga, entre otros, ese requisito y lo eleva a rango de ley. En este proceso, el organismo que preside José María Marín Quemada y la plataforma estadounidense se han quedado como los únicos defensores de la liberación completa. Los demás actores de los VTC han defendido un mayor equilibrio con el taxi, pero con límites, por lo que han acabado aceptando la última actuación del Ejecutivo.
“Lamentamos que Uber continúe sin asumir la medida del Gobierno –manifestó Unauto mediante un comunicado–; el resto del sector, incluyendo empresas de VTC y nuestra también asociada Cabify, dejó claro (...) que no apoyan una desregulación incondicional, pues
La organización empresarial pide al Tribunal Supremo que no se pronuncie sobre la ratio 1/30
acabaría volviéndose en contra del usuario, de los conductores, de las empresas del sector y de las propias plataformas”. La patronal, tratando de mantener un tono conciliador, criticó además la actuación de la firma californiana, que mientras pide la apertura del mercado, en Madrid “tiene totalmente restringida la admisión de nuevos vehículos”. La organización empresarial, que representa al 70% del sector, también pide al Supremo que no se pronuncie sobre la ratio 1/30 puesto que esta cuestión en concreto ha sido eliminada del reglamento recurrido.
Un portavoz de Uber respondió que la liberalización “favorecerá la creación de miles de puestos de trabajo y tendrá efectos positivos para los ciudadanos, que verán cómo se reduce el precio y mejora la calidad del servicio”. La misma fuente, también conciliadora, aseguró que la plataforma quiere “seguir trabajando en colaboración con todo el sector de los VTC para alcanzar nuestro objetivo común: que cada vez más gente deje su coche en casa”.
En el fondo de esta batalla está el temor en el tejido empresarial de los VTC, que ha crecido mucho los últimos años gracias al vacío legal que hubo entre el 2009 y el 2015, a acabar en manos de multinacionales como Uber, que cuentan con un potente músculo tecnológico e inversor. La liberalización provocaría además la pérdida de valor de las licencias, que dañaría a las empresas que han entrado en este negocio aprovechando su revalorización. En el sector se estima que en los últimos dos años han pasado de traspasarse por una media de 20.000 euros a superar los 60.000.