MiFID II: No desaprovechemos la oportunidad
La complejidad del ámbito financiero requiere un esfuerzo extra, por parte de todos los players del sector, para responder de forma adecuada a las necesidades derivadas de la innovación y los cambios disruptivos a los que el sector está sujeto con intensidad.
Una forma adecuada de responder a estos desafíos pasa por mejorar los estándares profesionales y éticos exigidos a quienes se dedican a informar y recomendar productos financieros. Esta es una de las principales novedades en materia de regulación, derivada de la normativa MiFID II, que entró en vigor en enero. Como establecía el artículo 25.1 de la Directiva 2014/65/UE sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II), una de las exigencias transversales, que afecta a todos los ámbitos del mercado financiero, pasa por la necesidad de que el personal de las entidades financieras cuente con unos conocimientos y experiencia adecuados para poder informar y asesorar a sus clientes sobre los servicios que prestan y los productos que ofrecen.
De este modo, y siguiendo las directrices marcadas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés), y posteriormente por la CNMV en España, las empresas
MiFID II obliga al personal de las entidades a tener los conocimientos y experiencia adecuados para asesorar a sus clientes sobre los productos y servicios que ofrecen
de servicios de inversión tienen que garantizar que quienes prestan asesoramiento o proporcionan información sobre instrumentos financieros, servicios de inversión o servicios auxiliares cuentan con una cualificación adecuada y, en segundo término, que conservan y actualizan sus conocimientos y competencias mediante una formación continuada evaluada. La norma es de obligado cumplimiento y, por ello, establece que un empleado o agente que no haya adquirido las competencias necesarias para la prestación de los servicios solo podrá continuar en su labor profesional bajo la estricta supervisión de alguien cualificado y durante un plazo no superior a cuatro años. Una práctica ciertamente compleja de llevar a cabo.
ALFABETIZACIÓN FINANCIERA
Más allá de especificidades, lo cierto es que este aspecto de MiFID II resulta especialmente relevante para el mercado español donde, por primera vez, el personal que presta servicios de información o asesoramiento está obligado a obtener una cualificación profesional adecuada para informar o asesorar a los clientes, además de una experiencia mínima a seis meses. Contrariamente a la mayoría de países europeos, esta exigencia es algo inédito en España, una excepción hasta ahora entre los países de su entorno, que se ha traducido lógicamente en un esfuerzo más elevado para las entidades españolas.
Estos requerimientos, que han comportado unos costes adicionales importantes para quienes hayan optado por un cumplimiento holgado, persiguen y van a contribuir sin duda a recuperar la confianza en el sector, a través de una mayor protección al cliente, que se beneficiará también de la mayor transparencia y menores conflictos de interés en la provisión de servicios financieros. Unos cambios importantes que deberán ser complementados en los próximos años, a través de campañas y medidas de educa- ción en finanzas personales, para reducir la actual abismal asimetría informativa en los servicios financieros, derivada del alto analfabetismo financiero. Mientras celebramos los avances que está aportando MiFID II, resulta muy oportuno seguir trabajando para paliar este déficit en materia de educación financiera, como se ha recordado hace pocos días en la anual Global Money Week, donde internacionalmente se fomenta de forma intensa la alfabetización financiera.
A VUELTAS CON LA ÉTICA
La oportunidad es obvia, pero también es el momento de una cierta exigencia, una buena aplicación y cumplimiento de la norma –de forma homogénea en toda Europa, lo que no es evidente aún–, y una supervisión que premie a quienes han apostado por una alta exigencia y que vaya rectificando a quienes lo han hecho bajo mínimos. Todo esto pasa por valorar los estándares éticos además de los profesionales, la independencia en la evaluación de las cualificaciones y de la formación continua, y por no aceptar sucedáneos formativos. De lo contrario, habremos perdido el tiempo y, quien sabe, si la última oportunidad de recuperar la reputación del sector.