Ginecólogo abortista
El Tribunal Supremo rebaja considerablemente la condena a Carlos Morín.
El Tribunal Supremo ha cerrado el caso de los abortos ilegales en Barcelona y ha rebajado la condena al ginecólogo Carlos Morín. De los once casos por los que fue condenado, le ha absuelto de ocho y le imputa tres, con una pena de seis meses de prisión por cada uno de ellos. Según el Alto Tribunal, en los otro ocho no hay datos que permitan deducir que no se hicieron revisiones psiquiátricas antes de la intervención, y en ninguno se trata de los plazos marcados por la ley.
De esta forma, se rebaja notablemente la pretensión de la Fiscalía. En un inicio, el Ministerio Público le imputaba 89 casos. La Audiencia de Barcelona le condenó por once a seis meses de prisión por cada uno, y ahora el Supremo sólo ve tres abortos irregulares. De todas formas, por mor de la aritmética penitenciaria, la pena es la misma: cuando se acumulan varias, es la triple de la mayor. En todas las situaciones, la mayor es seis meses, y el triple, 18; un año y medio que no debe suponer el cumplimiento de forma obligatoria.
Este es un asunto de largo recorrido en los tribunales. En el 2006, el juzgado de instrucción 33 de Barcelona abrió una investigación sobre las actividades de Carlos Morín y sus cuatro clínicas ginecológicas ubicadas en la ciudad, bajo la marca Ginemedex. En noviembre del 2007 se ordenó la entrada y registro en los centros y se detuvo a Morín, a su esposa (que también estaba vinculada a ellos) y a una auxiliar. En diciembre se detuvo a siete personas más, todas ellas personal médico. Entonces se consideraron sospechosas 115 operaciones de aborto, por no cumplir los requisitos de la ley.
A finales del 2012, el asunto llegó a juicio en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, con once personas en el banquillo de los acusados y 89 intervenciones bajo investigación. La Fiscalía solicitó 237 años de cárcel por asociación ilícita, falsedad y abortos fuera de la ley por dos motivos: estar fuera del plazo en que se podía practicar (22 semanas) o no haber pasado la consulta de un psicólogo o psiquiatra. Muchas de las mujeres que habían solicitado la interrupción del embarazo testimoniaron ante los magistrados. Se dieron casos en que las pacientes habían sido derivadas desde la sanidad pública y otros con graves malformaciones. A principios del 2013 se hizo pública la sentencia, que absolvía a todos los imputados.
Sin embargo, la Fiscalía y las acusaciones particulares, encarnadas por las asociaciones E-Cristians y Alternativa Española, recurrieron al Tribunal Supremo. Una de las causas es que se había rechazado como prueba una grabación realizada con cámara oculta por una televisión danesa y un reportaje en la prensa británica. El Supremo anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio. La misma sala, pero con magistrados distintos, volvió a llevar a cabo las sesiones.
Las mujeres tuvieron que pasar de nuevo por la sala de vistas, lo mismo que los autores de los trabajos periodísticos. Esa vez, los jueces condenaron a Morín y al psicólogo Pascual Javier Ramón Mora por once abortos en los que se habría falsificado el dictamen psicológico, porque no se hizo. Los otros nueve acusados fueron absueltos.
Ahora el Tribunal Supremo ha vuelto a revisar el asunto y ha tenido en consideración las tesis del abogado de Morín, Miguel Capuz, en el sentido de que se vulneró la presunción de inocencia de su patrocinado ante la carencia de examen psiquiátrico. Según el Alto Tribunal, de las declaraciones de las mujeres y la documentación intervenida en los centros médicos no se puede deducir que no se efectuaran las entrevistas en ocho de los asuntos por los que fue condenado, de manera que se le debe absolver por ellos, por lo que no hay pruebas fehacientes de su inexistencia, aunque así lo consideró la Audiencia de Barcelona. De esta manera, tan sólo quedan fuera de la ley tres intervenciones, en las que no consta este trámite.
El Tribunal Supremo hace las mismas consideraciones respecto de Ramón Mora, defendido por el letrado Juan Javier Antequera, y no considera probado que no actuara en esos ocho casos, manteniendo sólo la condena por tres.
La pena total es de 18 meses de prisión, que no debe suponer cumplimiento de forma obligatoria