La Compañía de Jesús carga contra el CIE de Barcelona
Llueve sobre mojado: el Ayuntamiento de Barcelona acaba de crear un certificado de vecindad para tratar de torpedear el CIE
La Compañía de Jesús, cuya finalidad es “la salvación y perfección de los prójimos”, lleva en su ADN –como otras congregaciones religiosas– la preocupación por los migrantes, los refugiados, las víctimas del tráfico de personas y los desplazados internos por las guerras, el hambre o el cambio climático. Su lema es A.M.D.G. (Ad maiorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios, siglas que también dan título a una espléndida y feroz novela de Ramón Pérez de Ayala sobre los jesuitas).
Pero los objetivos de la orden son muy terrenales, como por ejemplo, desenmascarar la cara oculta de los centros de internamientos de extranjeros (CIE), y en particular del de Barcelona, en la Zona Franca. A ese objetivo se dedican los voluntarios de la fundación Migra Studium-Servei Jesuïta a Migrants, que visitan y ayudan de forma desinteresada a los internos casi a diario. La Compañía de Jesús promueve esta entidad sin ánimo de lucro y cuya zona “preferente” de actuación es Catalunya, “aunque está abierta al resto de España y a otros países”. Sus estatutos defienden el ecumenismo, la cohesión de la sociedad, la interculturalidad y la lucha contra la exclusión.
Conviene recordar quién y qué está detrás de Migra Studium porque a veces el Ministerio de Interior ha intentado desacreditar a los autores para quitar hierro a las denuncias contra los CIE. En el de Barcelona “se producen graves vulneraciones de derechos y se hace un uso excesivo e injustificado de la privación de libertad”, dice Migra Studium. A raíz de su último informe, un abogado y colaborador de la entidad, Josetxo Ordóñez, dice que el centro de la Zona Franca se utiliza “como un albergue temporal”.
El Ministerio de Interior, del que dependen estas instalaciones, sostiene que su misión es “la custodia y detención” de personas en situación irregular, sobre todo de quienes han delinquido, mientras se tramita su expulsión. Pero más de la mitad de los internos que visitaron los voluntarios quedaron en libertad, la mayoría a los 25 días, aunque el periodo máximo de privación de libertad es de 60. Ello confirma que se registran “internamientos innecesarios y a sabiendas de que es imposible llevar a cabo muchas repatriaciones”. La criminalización y las alusiones a la delincuencia son además una falacia: el 75% de los internos visitados carecía de antecedentes, según otra voluntaria, Marga García.
No son los únicos que sostienen estas opiniones. El Ayuntamiento de Barcelona –que también pide el cierre del CIE, como Migra Studium– comenzará a emitir a partir de noviembre un
Migra Studium denuncia “graves vulneraciones de derechos” en el centro de la Zona Franca
documento de vecindad para que los inmigrantes que puedan demostrar su arraigo en la ciudad luchen “contra las expulsiones e internamientos”. Podrán pedir el aval municipal “los extranjeros en situación irregular mayores de edad, que lleven un mínimo de un año en España y al menos seis meses empadronados de forma continuada en Barcelona”.
La inmensa mayoría de los migrantes ingresados en los CIE no son peligrosos, pero están sometidos a una “grave presión psicológica”, muchas veces porque ni siquiera comprenden por qué están en lo que consideran una prisión. En teoría tienen derecho a recibir información o a presentar quejas y peticiones sobre su situación, pero en muchas ocasiones la falta de intérpretes u otros obstáculos insalvables convierten esos derechos en papel mojado. En este contexto, afirma Migra Studium, no es extraño que se produzcan “conflictos que degeneren en motines o revueltas”.