La defensa de la Constitución sale a la calle

BARCELONA acogió ayer otra manifestación cívica cuyo clamor en defensa de la Constitución le otorga un carácter novedoso y sin precedentes desde la manifestación en repulsa del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Trescientas cincuentas mil personas, según la Guardia Urbana, o un millón, al decir de la organización, llenaron el recorrido, que acabó ante las puertas del parque de la Ciutadella. La tentación de realizar comparaciones con la última Diada llevó a partidarios y detractores de la independencia a enzarzarse en un debate estéril. Es evidente que el independentismo ha conseguido unos niveles de movilización sin parangón en Europa, pero se equivocarían quienes menospreciaran la manifestación de ayer. También fueron muchos, la mayoría una muestra de las clases medias catalanas, disconformes con la ruptura de la legalidad, el Estatut y la Constitución adoptadas por una mayoría parlamentaria modesta los días 6 y 7 de septiembre y muy preocupadas por la fuga de empresas claves en el tejido económico de Catalunya. Un estado de ánimo compartido también por varios miles de españoles de otras comunidades que se desplazaron a Barcelona en un número que no desvirtua la catalanidad de la manifestación ni debería ser objeto de sospecha o crítica porque entra en el terreno de la libertad de expresión –y de movimientos– de todos los ciudadanos.

Lo relevante de la movilización de ayer fue que muchos catalanes que hasta ahora no habían sentido la necesidad de expresar su voluntad de seguir en España creyeron que ha llegado el momento de hacerlo. Y eso

es un fenómeno inédito. Salieron muchos manifestantes en defensa de la unidad de España y de una catalanidad que se siente cómoda con la Constitución, bajo el lema “Recuperem el seny”. “España es una realidad de libertad y de legalidad; esto el independentismo no lo va a destruir”, vaticinó Vargas Llosa, un Nobel de literatura vinculado afectivamente a Barcelona. Josep Borrell acalló los gritos de “Puigdemont a prisión” –una de las pocas notas discordantes de la jornada– y recordó que “a prisión sólo va el que dice el juez que tiene que ir”. Y el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo dijo que actuar al margen de la legalidad puede tener “amargas consecuencias”.

La manifestación marca un antes y un después en lo que concierne a la visibilidad de los defensores de la Constitución en Catalunya. No son invisibles. De la misma forma que la Moncloa debe tomar nota del peso del electorado independentista, la Generalitat tampoco puede omitir en estas horas cruciales las demandas de quienes temen una declaración unilateral de independencia en cuestión de horas, que conforman un sector mayoritario de la sociedad catalana. Carles Puigdemont recordó la noche del miércoles que desea actuar como el presidente de todos los catalanes. La manifestación de ayer debe ser tomada en cuenta por el president y todos los parlamentarios que mañana tienen ante sí una trascendental decisión. No se puede imponer el resultado de una votación defendida admirablemente por muchos ciudadanos pero que sólo suponían el 43% de un censo electoral virtual. Esta DUI no puede imponerse a siete millones de catalanes.