La crisis catalana hunde la bolsa y encarece la deuda
Los inversores castigan a los bancos catalanes por la posible declaración de independencia El Ibex pierde un 2,9%, la mayor caída en un día desde el Brexit
El Cercle d’Economia, el lobby más representativo de la élite empresarial barcelonesa y el que mejor refleja los intereses del sector financiero, publicó ayer un comunicado en el que muestra su “máxima preocupación” ante la posibilidad de que el Govern proclame en los próximos días una declaración unilateral de independencia (DUI). La entidad que preside Juan José Brugera, y en cuya junta directiva se integran empresarios familiares, financieros y académicos califica también de “inexplicable y sin justificación” la violencia vivida en la jornada del domingo 1 de octubre, que “ha deteriorado nuestro marco de convivencia y nuestra imagen colectiva en el mundo”.
El Cercle no se había manifestado públicamente sobre la situación en Catalunya desde finales del mes de mayo, en el transcurso de las Jornadas de Sitges que organiza anualmente esta institución. Ahora ha elaborado una nota de urgencia “Después del 1-O. Para evitar los peores escenarios”. Lo ha hecho horas después de que el Rey pronunciara un discurso la noche del martes en el que cerraba cualquier ventana de oportunidad para una eventual negociación entre el Gobierno español y la Generalitat, opción que el Cercle –con mayor o menor equidistancia– ha venido apoyando. La nota se publica también a sólo unos días de que el gobierno de la Generalitat y el Parlament de Catalunya puedan proclamar una declaración unilateral de independencia, opción que considera “sumiría al país en una situación extraordinariamente compleja y de consecuencias desconocidas, pero en cualquier caso muy graves”.
La nota del Cercle es coherente con la línea seguida por esta institución en los últimos años, que se ha ido distanciando lenta y progresivamente del soberanismo gobernante en la Generalitat, pese a que desde Madrid siempre se le ha reprochado, como al resto de entidades de la sociedad civil catalana, tibieza frente al proyecto independentista. El Cercle argumenta en su nota que en ese camino seguido “no se ha incorporado la necesaria combinación de los principios democráticos y de legalidad” y considera que los acontecimientos del domingo pasado reflejan “la incomprensible e irracional dinámica por la cual, desde hace años, se desarrolla el llamado conflicto catalán”.
En la nota publicada ayer se indica que una declaración como la que se propone, “no sólo perjudicaría todas las opciones políticas, sino que, más preocupante todavía, sometería la ciudadanía catalana, sea cual sea su sensibilidad política, a una tensión de difícil control”. El Cercle acaba con una llamada a explorar en las próximas semanas “aquellas vías que permitan que la política, por imposible que pueda parecer, regrese a la vía del diálogo y la transacción”.
La crisis institucional, iniciada en Catalunya pero ahora extendida ya a toda España, amenaza con impactar en la actividad bancaria, la más sensible a la inestabilidad política y social. Las dos entidades de mayor tamaño con sede en Catalunya –CaixaBank y Banc Sabadell– están preparadas para tomar las decisiones que sean necesarias durante los próximos días.
Banc Sabadell, que preside Josep Oliu, ha sido desde siempre la entidad más diáfana en esta cuestión. El banco siempre ha defendido que no se plantea permanecer ni un segundo fuera de la zona euro y que la opción de cambiar la sede es única-
mente una cuestión administrativa porque las personas y los activos inmobiliarios permanecerían en el mismo lugar que ahora. El martes, Oliu aseguró en Oviedo que, ante la “inquietante” situación, la entidad financiera cuenta con los instrumentos adecuados en el marco de la UE y del sistema de supervisión bancario europeo para proteger los intereses de sus clientes. “Si fuera necesario se tomarían las medidas suficientes” en alusión a un posible cambio de sede fuera de Catalunya.
CaixaBank no se ha manifestado. El martes, la dirección remitió una nota interna a sus empleados en el marco del “paro de país” del día 3 para resaltar que el “único objetivo que persigue la entidad es el de proteger en todo momento los intereses de sus clientes, accionistas y empleados, garantizando la integridad de los depósitos”.
La posibilidad de un cambio de sede social de las entidades financieras nace de las consecuencias que podría tener una declaración unilateral de independencia (DUI) por parte del Parlament de Catalunya. En un escenario inédito como ese, no está claro que Catalunya permanezca en el seno de la Unión Europea y, por lo tanto, si seguiría bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE), entidad que tiene no sólo carácter de supervisión, sino también de garante de la liquidez de los bancos que operan en su área.
El objetivo, pues, sería el de desplazar la sede a un territorio (no necesariamente España) bajo la cobertura del BCE. Para cambiar de sede, el Sabadell adoptó en su día en sus estatutos sociales un cambio legislativo aprobado por el PP que permite cambiar de sede con un simple consejo de administración convocado con horas de antelación. En el caso de CaixaBank, el proceso requiere de la aprobación por una junta extraordinaria de accionistas que para celebrarse precisa de una convocatoria de un mes de antelación.
El lobby considera “inexplicable y sin justificación” la violencia de la jornada del 1 de octubre