Querella contra todos los miembros del Govern
La Fiscalía incluirá también el delito de malversación, que prevé penas de cárcel La acusación se extenderá a Forcadell y a parte de los integrantes de la Mesa del Parlament
El Gobierno de España está totalmente dispuesto a impedir la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya el día 1 de octubre. La decisión es firme. “Ese referéndum no se va a celebrar”, dijo ayer, tajante, el jefe del Ejecutivo en una comparecencia ante la prensa, sin preguntas.
Con semblante grave, Rajoy dijo que no renuncia a ninguna posible medida, pero rebajó el tono empleado el día anterior por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. La línea argumental sigue siendo la defensa de la legalidad y de la democracia, pero el presidente no habló de “patada a la democracia”, ni utilizó el término para referirse a lo
dictadura que está ocurriendo en Catalunya. “Sé lo que se espera de mí. Ese referéndum no se va a celebrar”.
El 13 de diciembre del 2013, Rajoy hizo esa misma afirmación ante la decisión de los partidos soberanistas catalanes de llevar a cabo una consulta sobre la independencia. “Esa consulta no se va a celebrar” dijo entonces. Prohibida por el Tribunal Constitucional, la consulta finalmente tuvo lugar de manera informal el 9 de noviembre del 2014, gracias a un acuerdo tácito de última hora entre Madrid y Barcelona, canalizado por una discreta comisión de enlace de la que formaban parte Joan Rigol (expresidente del Parlament de Catalunya), José Enrique Serrano (hombre de confianza del PSOE) y Pedro Arriola (asesor personal de Rajoy). El acuerdo verbal consistía en tolerar una consulta informal a cambio de un bajo perfil del Govern de la Generalitat. Se acababa de celebrar el referéndum de Escocia y en el Consejo de Ministros prevaleció la opinión de que era mejor evitar las imágenes de la policía requisando urnas. Algunos ministros –José Manuel García Margallo y Jorge Fernández Díaz, entre ellos– eran partidarios de secuestrar las urnas, localizadas por la Guardia Civil en el almacén de la prisión de Lleida, urnas de cartón confeccionadas por los presos. Prevaleció la línea tolerante, 2,3 millones de personas participaron en la consulta y Artur Mas exultó. Después vinieron las querellas.
Tres años más tarde, tres años ásperos sin negociaciones de ningún tipo entre Madrid y Barcelona, el choque es mucho más duro, sin que pueda excluirse de manera tajante en estos momentos la existencia de una discreta vía de comunicación entre las dos partes. La inflamación política y mediática es fenomenal. La iniciativa es calificada de “golpe de Estado” por cierta prensa capitalina. Algunas columnas periodísticas están agotando los epítetos disponibles en el diccionario de la Real Academia. Se están con- densando de manera muy alarmante todas las tensiones y reproches acumulados desde finales del año 2003 –¡catorce años sulfúricos!–, cuando se constituyó el primer gobierno tripartito de la Generalitat, presidido por el socialista Pasqual Maragall.
La pésima imagen del Parlament de Catalunya estos días añade más leña al fuego. Muchas personas comprensivas con parte de las reclamaciones catalanas estan viendo mermados sus argumentos. Hay que escribirlo: el arbitrario trámite parlamentario de las leyes de “desconexión” está dañando a la causa catalana. El visible naufragio de Carme Forcadell en la presidencia del Parlament es un aliciente para quienes exigen mano dura.
Tras recibir Rajoy a Pedro Sánchez y Albert Rivera, el Consejo de Ministros se reunió ayer para impugnar la ley del Referéndum
El presidente declara que no renuncia “a nada” para impedir el referéndum Rajoy rebaja el tono empleado el día anterior por la vicepresidenta