Después de la primera batalla
Cuando escribo estas líneas aún no ha concluido una semana decisiva para la política catalana: reunión con liquidación del Pacto Nacional pel Referèndum, y anuncio de la fecha y pregunta de su aplicación unilateral. También ha sido la semana en la que ha aflorado con toda su fuerza una de las grandes debilidades de la independencia exprés, del “ahora sí” que nunca llega: la imposibilidad de que los funcionarios actúen como tales para hacerla viable.
Hace muchos años, en julio de 1991, visité Lituania como presidente del Comité Olímpico de Catalunya, cuando aquel país ya vivía, sin saberlo, el final del proceso de separación de la URSS. Me recibió el presidente Vytautas Landsbergis en la sede del Parlamento, una visita revestida de un cierto dramatismo, porque el edificio estaba protegido por sacos terreros con unos soldados lituanos haciendo guardia con la bayoneta calada. A unos 400 metros, situados en una plaza, había un grupo de 4 o 5 tanques soviéticos. La simbología que se desprendía del escenario era doble, la desigualdad de fuerzas por una parte, y de otra la autoridad del Gobierno lituano que controlaba, más o menos y desde hacía meses, los funcionamiento del país. No pretendo establecer ningún paralelismo y sí apuntar una obviedad: es de irresponsables no asumir que los procesos de independencia son puro folklore si no se tiene la auctoritas en la administración y los servicios públicos. Se puede no tener la potestas, la capacidad legal, pero entonces hay que poseer la autoridad moral. Sin ambas, la política se transforma en parodia. Y ese es el problema de los procesistas. La realidad muestra su enorme déficit de capacidad moral que no legal. La que te reconocen los otros; compatriotas y funcionarios, amigos y adversarios. La confianza que les merece el proyecto y su fuerza, su ascendente sobre toda otra solución, incluso entre los que discrepan de él, y sobre todo lo que los servidores públicos están dispuestos a jugarse por él. Estos son los componentes de la auctoritas.
Junts pel Sí –olvidémonos piadosamente de la CUP– y el Govern de la Generalidad están lejos de haber alcanzado esa condición como ha quedado patente, y ahora llegan tarde para conquistarla. Han arruinado una expectativa simplemente porque no han alcanzado ni el ascendente moral ni la dimensión trágica que exigía la representación histórica que querían protagonizar.