Rompecabezas presupuestario
LA gestión presupuestaria del Estado y el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público comprometidos con la Comisión Europea se perfilan como el gran problema económico y político del país.
El Consejo de Ministros en funciones aprobó ayer, con vistas al 2017, comunicar a Bruselas la decisión de prorrogar los presupuestos de este año, ya que no hay margen de tiempo para aprobar unos nuevos aunque Rajoy fuera investido presidente, y un documento bautizado como de “acción efectiva” en el que se detalla la serie de medidas ya acordadas para contención del déficit público de este año al 4,6% del producto interior bruto. Entre ellas se encuentran el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el cerrojazo a los gastos presupuestarios en julio y la reforma del impuesto de sociedades, con el que se pretende recaudar 8.000 millones de euros más.
Mientras un eventual nuevo gobierno no apruebe los presupuestos para el 2017, se mantendrán las mismas políticas actuales que, en teoría, deberían permitir reducir el déficit público hasta el 3,6% en el 2017, cinco décimas más de lo comprometido con la Comisión Europea. Ajustarse hasta el 3,1% previsto requerirá, en principio, unos ajustes adicionales por valor de 5.000 millones de euros que corresponderá decidir al nuevo gobierno, si es que finalmente el país no va a unas terceras elecciones.
A nadie se le oculta que establecer un ajuste tan brutal sobre los gastos actuales será una decisión muy compleja de adoptar por un gobierno sin mayoría absoluta y sin un pacto de legislatura estable. Hará falta una gran dosis de diálogo y de negociación –que se vislumbran ya muy difíciles– entre todos los partidos presentes en el Congreso para decidir dónde se aplican las tijeras o qué impuestos habrá que subir. Este diálogo no sólo deberá ser interno, sino que tendrá que desarrollarse en paralelo con Bruselas, cuyos técnicos proponen una subida del IVA por la vía de trasladar productos con tasas bajas a otras más elevadas y, paralelamente, una reducción del gasto autonómico, que es el que mayor impacto tiene en el gasto social.
La obligada negociación a varias bandas de los nuevos presupuestos y de los ajustes necesarios debería abrir una situación propicia para negociar en profundidad una reforma fiscal, que fuera más allá de una serie de medidas puntuales, y una revisión a fondo de la estructura de gastos del conjunto del Estado. Ambas son dos grandes asignaturas pendientes.
A cortísimo plazo, sin embargo, hay decisiones que no pueden esperar, como es la subida de las pensiones para el año próximo. Si Rajoy fuese investido presidente este mes de octubre, el nuevo gobierno podría aprobar en noviembre un decreto ley al respecto, previamente pactado con otras fuerzas parlamentarias. En el caso de que no fuera investido, el Gobierno en funciones tendría que estudiar otras alternativas legales, al margen de la prórroga automática de los presupuestos.
En cualquier caso, el Gobierno en funciones ya se ha encontrado con una propuesta mayoritaria de los grupos de la oposición, registrada ayer, que plantea un incremento de las pensiones del 1,2%, coincidente con la subida delIPC prevista por el Gobierno para el 2017, al margen de los acuerdos del pacto de Toledo y de saber si hay disponibilidad presupuestaria o no.
El rompecabezas presupuestario que se deriva de la actual situación política es complicado y augura una larga etapa de incertidumbre económica incluso si, finalmente, se puede constituir nuevo gobierno.