La parálisis política española causa inquietud en Bruselas
Moody’s vaticina un deterioro del crecimiento económico en el 2017
Ante las cámaras, la Comisión Europea sigue a piñón fijo: “Esperamos que España presente su borrador de plan presupuestario para el 15 de octubre y el informe sobre las acciones efectivas adoptadas” para reducir el déficit exigidas en julio, declaró ayer el portavoz de la institución pasando por alto que, muy probablemente, para esa fecha no habrá un gobierno capaz de tomar esas decisiones. Fuera de micrófono, los funcionarios europeos se encogen de hombros y admiten que la situación desborda la legislación en vigor sobre cómo velar por la disciplina presupuestaria cuando un país atraviesa una crisis política como la que está pasando España, aparentemente encaminada a celebrar unas terceras elecciones. La posibilidad de un castigo vuelve a estar sobre la mesa pero ¿cómo se puede penalizar a un país por no hacer algo que no está en medida de hacer?
España se salvó por los pelos en julio de ser multada por incumplir sus objetivos de déficit. Técnicamente, por desoír las recomendaciones comunitarias y no haber tomado “medidas efectivas” para intentar corregir el derrape presupuestario. El conflicto se agravó con el presupuesto que el gobierno de Mariano Rajoy dejó aprobado el año pasado justo antes de que se disolvieran las Cortes para celebrar elecciones en diciembre.
El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, intentó rechazarlo, convencido de que impediría alcanzar los objetivos fiscales pactados. La Comisión optó, sin embargo, por “no interferir” en las elecciones y dejó pasar el plan de Mariano Rajoy. Meses después se comprobó que España no podría cumplir su objetivo de déficit, con loque se abrió una crisis entre Madrid y Bruselas que resonó en toda la zona euro.
Ante la incapacidad de formar gobierno y aprobar nuevos presupuestos, el Gobierno en funciones se dispone prorrogar los del 2016 para cumplir el trámite de remitir a Bruselas antes del 15 de octubre un borrador. El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparecerá ante el Congreso en unas semanas para explicar cómo piensa proceder. En teoría, debe también contener medidas correctivas con las que asegurar el cumplimiento de la nueva senda de déficit.
La Comisión analizará los documentos y pasará sus conclusiones al Ecofin, que debe decidir antes del 8 de diciembre si España ha tomado o no medidas correctivas para reducir el déficit. Si no es el caso, podría decidir multar a España, como ya pretendían algunos comisarios y ministros en julio. Bruselas prefiere no ponerse todavía en esa tesitura: “Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él”, afirman fuentes comunitarias.
En el tira y afloja entre Bruselas y Madrid, y ante la evidencia de que el 2016 sería un año perdido a efectos de reducción del déficit, la Comisión aceptó rebajar el objetivo para este año, que pasó del 2,8% al 4,6% (el 2015 cerró en un 5,1%), dejando el grueso del esfuerzo fiscal al próximo ejercicio. La perspectiva de que la crisis política se prolongue abre nuevos interrogantes sobre la capacidad de España de alcanzarlo. Moody’s sentenció ayer que España no lo conseguirá. Las cuentas del 2016 implican un “exceso fiscal” que, sin nuevo gobierno, no se podrá corregir, alerta Sarah Carlson, vicepresidenta sénior de la agencia de calificación, que vaticina un deterioro de las cifras de crecimiento en el 2017 como consecuencia del “vacío de poder”.
Guindos pedirá al Congreso prorrogar el presupuesto del 2016, que tanto disgustó a la CE