El alcalde de Tarragona, investigado por malversación
El juez investiga las irregularidades en la contratación y los pagos a Inipro, que debía fomentar la integración de inmigrantes
El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, tendrá que responder ante el juez por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas por la contratación de la empresa Inipro, que debía potenciar el asociacionismo entre la población recién llegada a la ciudad. El juez investiga no sólo las irregularidades en la adjudicación del contrato, sino también la prórroga de 21 meses del servicio, durante los cuales el alcalde firmó por decreto el pago de 200.000 euros pese a tener hasta siete advertencias de ilegalidad. Asimismo, al juez no le consta si Inipro (cuyo administrador, Ricard Compàs, es un conocido militante socialista) llegó a hacer algún trabajo, por lo que ha requerido tanto al Ayuntamiento como a la empresa la memoria detallada de la actividad que se supone que llevó a cabo.
“Estoy tranquilo y soy el primer interesado en clarificar todas las cuestiones que el juez y las partes quieran plantear”, dijo ayer el alcalde, quien aseguró que su actuación “se ha enmarcado siempre en los principios de la legalidad y la honradez”. Según Ballesteros, que declarará como investigado: “Firmé los pagos por decreto porque había la certificación técnica que los trabajos se habían hecho y si no pagábamos se hubiera producido un enriquecimiento injusto por parte de la administración”. Pese a ello admitió que no había visto los informes ni las memorias.
El alcalde compareció acompañado por prácticamente todo los concejales socialistas tras conocerse el auto del juez, que también investiga al exgerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMMS), Antonio Muñoz; a la exconcejal del área, Victoria Pelegrin (PSC), y al exresponsable de organización de las Juventudes Socialistas, Alejandro Caballero, quien según el auto “aparece dado de alta como trabajador de Inipro incluso antes de la adjudicación del contrato”.
Según el juez, Muñoz “dirigió la contratación a las empresas invitadas”. Fueron Inipro, Itiniere (del mismo grupo empresarial) y Gallet, de la que el juez destaca que “sorprende observar que tiene un objeto social que nada tiene que ver con la materia que era objeto de licitación y también está vinculada al grupo empresarial de la mercantil Inipro (con sede en Viladecans)”. Los administradores de las tres empresas también están citados a declarar como investigados.
La investigación del caso comenzó hace dos años tras una denuncia de la CUP por irregularidades en el proceso de contratación, en la posterior prórroga del contrato y en la ausencia de trabajos realizados. Inipro cobró 61.011 euros en 2010 y, aunque el contrato expiraba el 31 de diciembre, el Ayuntamiento pagó 93.540 euros en 2011 y 104.293 euros en 2012, “mientras que el número de inmigrantes decrecía en la ciudad”, remarca el escrito.
Según el juez, el alcalde autorizó los pagos a Inipro, “pese a las siete advertencias de ilegalidad que expresamente se le realizaron, sin que hubiera corregido de alguna manera la situación irregular ni adoptado medida alguna para la subsanación, teniendo en cuenta las sospechas sobre la necesidad del servicio contratado y el direccionamiento de la adjudicación a una empresa en concreto”.
Salvo PP e ICV, el resto de grupos de la oposición, CUP, Ciutadans, ERC y CDC pidieron ayer más explicaciones a Ballesteros, quien aseguró que no se ha planteado dimitir. El jefe de la oposición, Rubén Viñuales (C’s), afirmó “intuir” un caso de financiación ilegal de partido, “ya que un 90% de los clientes de Inipro son administraciones y de ellas, un 80% controladas por el PSC”.
Ballesteros firmó, por decreto, el pago de 215.000 euros pese a las siete advertencias de ilegalidad