La publicación de sentencias por delito fiscal, suavizada
Sólo se conocerá al defraudador que no resarza a Hacienda
Medida ejemplificadora, pero no tanto. El Gobierno ha decidido a última hora introducir una vía de escape para que los defraudadores condenados puedan evitar que sus datos se hagan públicos, una vez se apruebe esta norma tantas veces enarbolada como instrumento de reproche social por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Tras la modificación introducida ayer, aquellos condenados por delitos contra la hacienda pública, de insolvencia imponible o de contrabando podrán eludir la publicación de sus datos si satisface la cuantía del perjuicio causado al fisco antes de que el fallo sea firme.
Según señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este cambio en el texto que el Consejo de Ministros ha remitido al Parlamento recoge una propuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La aprobación del proyecto de ley ha venido precedida por duros informes contra la reforma, como el del CGPJ y sobre todo el de los fiscales. “Los acusados del delito evitan que se dé publicidad a los hechos que han cometido y la hacienda pública recibe el dinero que se le debe, con lo que su actuación gana en eficacia”, defienden desde el Ejecutivo.
La información que se considere pertinente sobre la condena –por ejemplo, no podrán aparecer los datos de otras personas que, aunque hayan participado en el proceso, no hayan sido condenados– será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Serán los secretarios judiciales los encargados de ordenar la publicación de extractos de las sentencias (identificación de los condenados, la multa fijada, las circunstancias del delito...).
Sáenz de Santamaría recordó en el año 2014 se abrieron 343 procesos penales por delitos contra el fisco y aclaró, a partir del momento en que se apruebe la ley, comenzarán a publicar todas las condenas firmes que se vayan produciendo. Explicó que si no aplicaban esta retroactividad “media” y sólo publicaban las causas que se iniciaran tras la aprobación de la normativa, no darían a conocer datos de las primeros defraudadores hasta dentro de unos seis años. Como el proyecto de ley tendrá tramitación de urgencia, los defraudadores que hayan recurrido una sentencia condenatoria tienen por delante al menos un par de meses para decidir si les conviene estar en paz con Hacienda.
Esta medida se une a la puesta en marcha de una lista de morosos con Hacienda, que se confeccionará una vez al año con los nombres de aquellos que deban más de un millón de euros al fisco.
Una vez aprobada la ley, se publicarán en el BOE las sentencias firmes que se vayan fallando