La corrupción en Valencia ahonda la crisis del PP
Detenido el delegado del Gobierno por los regalos de una adjudicataria Castellano fue conseller en todos los gobiernos populares
¿Qué más puede pasarle al PP? La pregunta recorrió ayer las sedes del partido y los ministerios. Porque no es que el 24-M acabara en domingo negro, es que durante una semana, el PP ha vivido de sobresalto en sobresalto. Divisiones internas, lo que menos le conviene, admiten en la dirección popular; críticas del partido al Gobierno, desconocidas hasta ahora, y una diputada en el Congreso, afín a José María Aznar, Cayetana Álvarez de Toledo, publicando un artículo en el que responsabiliza al “autismo político” de la dirección del partido y del Gobierno “la derrota devastadora” en las elecciones, para afirmar que “un nuevo PP necesita un nuevo liderazgo”, aunque el partido está convencido de que el expresiden- te no está detrás de ese llamamiento.
Pues sí. Podían pasar más cosas. El Gobierno, y el PP, se levantaron ayer con la noticia de que el hasta ahora Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellanos, y antes conseller de la Generalitat Valenciana, era detenido en el transcurso de una investigación iniciada en octubre, acusado de prevaricación. Tan sólo unas horas después, se conocía la sentencia al todavía alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, por desobediencia, que le inhabilita para cargo público, lo que no le permitirá ni recoger el acta del concejal. La situación judicial de León de la Riva había llevado a to- da la oposición, antes de las elecciones, a pedir al PP que no le presentara a los comicios. Ahora debe asumir las consecuencias.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvo ayer a Serafín Castellano en su casa de Benissanó, en Valencia, por orden del juez y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, y registró su despacho en la Delegación del Gobierno. Está implicado en los presuntos delitos de prevaricación, malversación y cohecho por las adjudicaciones realizadas a empresas proveedoras de servicios a la administración en su etapa como conseller de Governació de la Generalitat (20072014). Por la tarde, el juez decretó libertad provisional para él .
La fiscalía inició las pesquisas en octubre de 2014 por una denuncia sobre los contratos firmados con Avialsa, empresa dirigida por Vicente Huerta que suministró los medios aéreos para la extinción de incendios y otros servicios por valor de 33 millones de euros. El denunciante fue el exconsejero de esta firma, Francisco Alandí, quien colaboró con la Fiscalía y aportó documentos que corroboraban las sospechas; y también que Vicente Huerta había realizado regalos a Castellano y a su mujer en forma de cacerías, joyas y un rifle de caza de 1.800 euros. Junto a Castellano fueron detenidas otras nueve personas, entre ellas el empresario Huerta.
El caso del Delegado del Gobierno en Valencia lo sustanció ayer Rajoy con un cese fulminante en el mismo Consejo de Ministros en el que conoció la noticia, y con la apertura de un expediente informativo y la suspensión de militancia por parte del PP. Pero el daño está hecho, y este rosario de acontecimientos complica a Rajoy dar una respuesta creíble para remontar los resultados electorales que tan mal ha digerido el PP, sus cargos y sus militantes.
Es el peor momento, porque estos casos hacen que al PP le sea más difícil convencer a sus posibles compañeros de viaje de que le apoyen en los pactos que necesita para poder mantener parte del poder territorial, como puede ser Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Tan difíciles se han puesto esos pactos, que Rajoy, ha llamado en persona al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un intento de abrir cauces de diálogo que no le dejen aislado.
Y mientras, las críticas y los
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análisis se siguen sucediendo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció ayer que el Ejecutivo también debe hacer, no sólo el PP, una reflexión “serena y muy consciente de la situación que se ha producido, y qué medidas se deben reforzar en la actuación del Gobierno y del partido”.
Pero cualquiera medida que se adopte pasa, dijo Santamaría, por no perder de vista el objetivo prioritario: crear empleo. Por eso, la vicepresidenta aseguró, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que “uno tiene que ser consciente de los resultados electorales y por parte del Consejo de Ministros, lo que haremos será reforzar las políticas que nos permitan acelerar la recuperación económica”. Ese es el objetivo que también primará el PP a la hora de plantear los posibles pactos a los partidos con los que pueda plantear acuerdos de Gobierno en las instituciones: “por encima de cualquier otra política, la recuperación económica”.
Antes, el PP, y Rajoy como presidente del Gobierno y del partido, intentará restablecer la unidad interna, que ha saltado por los aires con el resultado del 24-M. Y no lo tiene fácil, el presidente del PP balear, José Ramón Bauza, se empeña en hacer el congreso extraordinario en el que presentará su dimisión tras el verano, y la dirección nacional insiste en que no autorizará esa convocatoria ni ninguna otra. Hechos como este, más las críticas del PP al Gobierno, llevaron a Santamaría a realizar “un llamamiento a la prudencia”, analizar cada uno su situación y “trabajar desde la máxima lealtad institucional”.