Golpe a los desahucios
El abogado general cree que no se protegió a los desahucios en marcha
La justicia europea tiene en el punto de mira la ley hipotecaria española, contra la que ha fallado anteriormente en media docena de ocasiones, exigiendo que se adapte a la normativa europea mediante la eliminación de las cláusulas abusivas que impiden o dificultan a los consumidores el ejercicio de sus derechos.
La Unión Europea volvió a dar ayer un toque de atención al Gobierno por la ley hipotecaria española. La normativa se reformó en mayo del 2013 a raíz de una crucial sentencia del Tribunal de Justicia europeo, que la condenó por abusiva. Pero según el abogado general de la Corte europea sigue sin ser conforme con el derecho comunitario ya que una de sus disposiciones transitorias permitió que no se informara adecuadamente a los afectadas por procesos de desahucio ya en marcha de su posibilidad de recurrir a la luz de la reforma de la ley.
El dictamen pronunciado ayer, que sirve de orientación para la sentencia definitiva que se dictará en unos meses, es especialmente incómodo para el Gobierno español, que acumula media docena de sentencias negativas de la Justicia europea por este asunto. En un momento de gran clamor social contra los desahucios, el gobierno de Mariano Rajoy acabó por reformar la polémica ley hipotecaria por la sentencia del Tribunal de Justicia, hasta donde llegó la denuncia del ciudadano Mohammed Aziz, vecino de Martorell, después de haber perdido su casa. La Justicia europea le dio la razón y condenó la ley hipotecaria española por abusiva, ya que no preveía mecanismos para que el afectado por una ejecución hipotecaria pudiera impugnar el proceso ni defenderse debidamente, tal y como prevé la directiva europea de protección del consumidor, de posibles cláusulas abusivas.
La reforma de la ley le ha valido a España varias más sentencias condenatorias, incluida una dictada en enero de este año por permitir que el juez recalculara, en lugar de simplemente anular, los intereses de demora que reclama el banco si estos eran declarados abusivos. La aplica- ción de la ley ha llevado a más afectados a denunciarla ante los tribunales y, una vez más, un juzgado español ha acabado preguntando a los jueces europeos si esta es conforme al derecho comunitario, en concreto por el plazo que se impuso a los afectados por una amenaza de desahucio para recurrir la ejecución hipotecaria iniciada por el banco. De acuerdo con el abogado general del Tribunal, Maciej Spuznar, el plazo de un mes que previo la nueva ley hipotecaria para los casos que ya estaban en marcha no se ajustó a la direc- tiva europea de protección de los consumidores. Los afectados, argumenta, no pudieron hacer valer sus derechos e innovar el posible carácter abusivo de las cláusulas contractuales (el avance previsto en la nueva ley) ya que no fueron debidamente informados. La ley preveía que el plazo de un mes empezaba a correr desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un procedimiento de notificación no personalizada que el letrado europeo no considera
El abogado general de la UE cree que publicar una ley en el BOE no es una notificación suficiente
adecuado en un procedimiento procesal.
El caso ha llegado hasta Luxemburgo a raíz de la denuncia de tres españoles que presentaron recursos contra su desahucio, iniciado por Unnim, el 17 de junio de 2013, poco después de que expirara el plazo previsto en una disposición transitoria de la nueva ley. Este procedimiento “imposibilitó o dificultó en exceso el ejercicio de los derechos conferidos a los consumidores” y generó además “un elevado grado de inseguridad jurídica, inadmisible en el ámbito de la protección de los consumidores”, afirma. El dictamen destaca la importancia vital del asunto (“pueden perder irreversiblemente sus bienes inmuebles”) y su carácter “bastante complejo”, ya precisa buscar asesoría profesional. Según la Comisión Europea, indica la sentencia, puede hacer “cientos de miles” de personas afectadas por este defecto, un dato que hace aún más clamorosa la inacción de esta institución ante los defectos de la ley.