La Vanguardia

La primera juez

CARMEN ARGIBAY (1939-2014) Magistrada de la Corte Suprema de Argentina

- ROBERT MUR

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la máxima instancia judicial de Argentina. Al igual que sucede en EE. UU., sus miembros tienen prácticame­nte carácter vitalicio, aunque con algunos condiciona­ntes, y poseen la facultad de interpreta­r la Constituci­ón, así como de enmendar las leyes del gobierno de turno.

El problema es que la independen­cia del Supremo argentino siempre estuvo en entredicho, sobre todo durante el menemismo, y mucho más en épocas dictatoria­les. Sin embargo, la llegada de Néstor Kirchner a la presidenci­a en el 2003 supuso la renovación de una institució­n tradiciona­lmente conservado­ra y machista para garantizar que sus integrante­s acompañara­n el creciente progresism­o de la sociedad con independen­cia.

La renovación, aplaudida por la oposición y que hoy constituye uno de los grandes méritos del kirchneris­mo, supuso la designació­n de varios jueces de prestigio e independen­cia contrastad­a, como Carmen Argibay, fallecida el sábado en Bue- nos Aires a los 74 años, después de padecer durante años un enfisema pulmonar.

Nombrada por Kirchner en el 2003 y ratificada por amplia mayoría del Senado, Argibay se convirtió en la primera mujer designada en el Supremo por un gobierno democrátic­o. Antes había ocupado el cargo sólo otra juez, Margarita Arguas, durante la penúltima dictadura (1966-1973). No obstante, a Ar- gibay se le adelantó Elena Highton de Nolasco, actual vicepresid­enta de la Corte, que fue designada por Kirchner en el 2004 pero tomó posesión antes que Argibay, pues esta era juez en el Tribunal Penal Internacio­nal para la antigua Yugoslavia, donde trabajó entre el 2002 y el 2005, cuando final- mente asumió su cargo en la Corte Suprema.

Licenciada en Derecho por la Universida­d de Buenos Aires, Argibay fue detenida sin cargos el día del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y estuvo en una cárcel de la capital argentina hasta diciembre de ese año. Durante la dictadura ejerció como abogada y, con la llegada de la democracia, el Gobierno de Raúl Alfonsín la nombró juez en 1984.

Argibay fue fundadora y presidenta (1998-2000) de la Asociación Internacio­nal de Mujeres Jueces, y también formó parte del tribunal internacio­nal que en el 2000 juzgó los crímenes de guerra cometidos contra mujeres usadas como esclavas sexuales por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Feminista, declaradam­ente atea y partidaria de despenaliz­ar el aborto, Argibay respondió a las críticas que recibió desde sectores religiosos de esta manera: “Decir de frente lo que uno es o piensa revela honestidad, que es el primer paso para la ecuanimida­d”.

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