Las medidas que sembraron la polémica
El Gobierno central cambió ayer sus planes y convocó para hoy mismo a los consejeros autonómicos con competencias en materia de energía, turismo y comercio, y a los representantes del mundo local, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para analizar las medidas contenidas en el real decreto ley que contiene el plan de ahorro energético.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, presidirá la reunión junto con la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
El objetivo de la cita, explican desde el ministerio que comanda Ribera, “es alinear las políticas de ahorro y eficiencia energética de todas las administraciones” y “reafirmar así de forma solidaria” el compromiso de ahorro del 7% del consumo energético adquirido por España ante la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la invasión de Ucrania y la carestía.
“No valen excusas de incomprensión, de incumplimiento ni de falta de conocimiento”, afirmó ayer Ribera en declaraciones remitidas a la prensa, en las que detallaba que han convocado la reunión “para resolver dudas sobre cómo aplicarla”.
“Las instituciones y sus responsables son quienes están llamados a dar ejemplo a la ciudadanía y liderar la vocación de solidaridad de la sociedad española”, afirmó la vicepresidenta tercera.
La reunión estaba prevista para mañana, toda vez que el plan que sigue las recomendaciones de la UE entra en vigor el miércoles, y debían asistir representantes con rango de director general, por lo que no iba a acudir la vicepresidenta tercera del Ejecutivo central, Ribera, sino el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard.
Por parte de la Generalitat catalana, participarán en la cita, que tendrá lugar esta mañana por medios telemáticos, el secretario general de Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, y la directora general de Energia, adscrita a Acció Climàtica, Assumpta Farran, en lugar de los consellers.
La ministra Maroto, por su parte,
● Las medidas aprobadas el pasado lunes por el Gobierno para ahorrar un 7% de energía, como ha pedido la UE, y que más enfrentamiento han provocado con las comunidades autónomas son las que afectan a la regulación de las temperaturas en los centros de trabajo, especialmente en los comercios y la hostelería, que como norma general establecen un mínimo de 27 grados para el aire acondicionado y un máximo de 19 para la calefacción. Y ello pese a que Ribera reconoció que se cumplirían las actuales excepciones que contempla la legislación laboral. Tampoco gustó nada la imposición de apagado de la iluminación de los escaparates a partir de las 22 horas y la obligación de establecer mecanismos automáticos de cierre en las puertas de todos los edificios con actividad pública. Además, el real decreto contempla el deber de informar mediante carteles o pantallas de las medidas adoptadas en cada localización.
acusó ayer al PP de estar “generando ruido, crispación y desconfianza” sobre el decreto, y aseguró que precisamente por esa “confusión” generada por los populares han tenido que cambiar de planes y citar hoy a las comunidades y la FEMP.
A su vez, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fei