La gestión de la sentencia
Con la condena por sedición a los nueve líderes del ‘procés’ acaba el paréntesis que los políticos han utilizado como excusa para abordar el conflicto, y ahora deberán lidiar con sus efectos
La condena a los líderes independentistas culmina un paréntesis de dos años en los que la política se ha tomado el proceso judicial como excusa para eludir cualquier negociación seria sobre el conflicto catalán. La sentencia está a punto de divulgarse y, si nada cambia a última hora, condenará por sedición a los nueve políticos en prisión preventiva. No es la rebelión que reclamaba la fiscalía, que sostuvo la instrucción y por la que clamaban quienes calificaban de golpe de Estado lo ocurrido en Catalunya. Tampoco es la exoneración que pide el independentismo, ni la desobediencia que admiten que cometieron los procesados.
La condena por sedición –que en el caso de puede suponer entre 10 y 12 años de cárcel; y por debajo para el resto de los encarcelados– tendrá un efecto casi catártico en la sociedad catalana. La difícil gestión política y social de esta sacudida emocional se va a desarrollar en varias fases. La inmediata será la administración de la protesta por parte del independentismo y de un Gobierno central en funciones y pendiente de elecciones. Todos haciendo equilibrios sobre la cuerda floja.
Tanto ERC como JxCat intentan una difícil ponderación entre alentar la movilización social para que esta sea impresionante sin que se traspase ninguna línea roja que propicie la intervención del autogobierno. Las apelaciones del independentismo a que la protesta sea pacífica han sido constantes en estos días, también por parte de
y .El llamamiento a la “desobediencia civil” consistirá en principio en alterar la normalidad con ocupación de carreteras, marchas a pie, grandes manifestaciones y otras actuaciones que los organizadores pretenden que sean mantenidas en el tiempo lo máximo posible.
La desobediencia civil se ha convertido en un recurso para eludir la desobediencia institucional. Están previstos manifiestos y declaraciones de indignación, pero no reacciones políticas que desborden la legalidad. Aunque hace algunas semanas se aprobaron resoluciones en el Parlament que han sido recurridas al Constitucional, su contenido es meramente simbólico, sin consecuencias prácticas. Sin embargo, hay factores imprevisibles. El primero es el presidente de la Generalitat. Desde que accedió al cargo, Torra ha esperado que la sentencia sería la espoleta del “momentum”, el detonante de una insurrección popular que lleve al Gobierno a negociar, incluso aunque se provoque la aplicación del 155. El resto del Govern no está por esa vía y alega que la dimensión de la protesta no permitirá albergar tales expectativas.
Los equilibrios también serán complicados en la Moncloa. La movilización contra la sentencia coge al Gobierno del PSOE en funciones y en plena precampaña electoral. La alteración de la vida cotidiana en Catalunya llevará al PP y Ciudadanos a reclamar a la aplicación de medidas contundentes, como la ley de Seguridad Nacional para hacerse con el control de los Mossos. La Moncloa no desea imágenes de sus agentes cargando contra manifestantes como el 1-O, pero tampoco quiere dar la sensación de debilidad o falta de control de la situación mientras los rivales políticos acusan a Sánchez de condescendencia con Torra y Puigdemont. En todo caso, sin tener que recurrir a la excepcionalidad de aplicar la ley de Seguridad Nacional, en el Gobierno se ha estudiado que la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado otorga funciones de coordinación de los operativos por parte del Ministerio del Interior si se considerara necesario.
La proximidad de las elecciones generales condiciona la reacción política a la sentencia. Sánchez utilizará la sensación de inestabilidad que provocará Catalunya para presentarse como la única solución posible para tender puentes. La Moncloa tiende a presentar las elecciones como plebiscitos. Si en las anteriores se interpelaba al votante a elegir entre el candidato socialista o “el trifachito” de PP, Cs y Vox, ahora será entre Sánchez o la inestabilidad, el caos, el conflicto, aliñado por la situación en Catalunya y el Brexit (31 de octubre).
La gestión de la sentencia no acaba aquí. Los jueces pedirán la extradición de Puigdemont, quien ha asegurado que no se moverá de Bélgica. La condena por sedición y por malversación (probablemente como concurso medial) facilita ese paso, más difícil con la rebelión que defendía la Fiscalía. La sedición deja, sin embargo, en mal lugar las decisiones de apartar a los políticos encarcelados de sus escaños después de ser elegidos, una medida que sólo se pudo adoptar bajo la acusación de rebelión.
La sentencia también abre el debate sobre los beneficios penitenciarios a los que podrán acogerse para salir cuanto antes de la cárcel. Es muy probable que el tribunal desestime la petición de la Fiscalía de que no se les aplique el tercer grado hasta cumplir la mitad de la condena. El independentismo ya reclama una amnistía, que implica un reconocimiento de una injusticia, pero el Gobierno alega que no está admitida en el ordenamiento actual. Sánchez no se ha negado hasta ahora a un indulto, pero sin demasiado convencimiento y con el recelo del independentismo, que rechaza gestos de magnanimidad. La vía penitenciaria permitiría aliviar la situación de los presos antes incluso del tercer grado, como ha ocurrido con o
El frente judicial abierto en su día por
y culminado por la unilateralidad elegida por el independentismo acaba esencialmente aquí. Pero sus efectos van a perdurar bastante tiempo y su gestión será otro reto, esta vez ya no para los jueces, sino para los políticos.
Equilibrio independentista: protesta intensa pero pacífica; equilibrio monclovita: evitar cargas y dar imagen de control