Expertos en derecho y ética comparan la gestación subrogada con la esclavitud
El documento, crítico con los intermediarios, aboga por no cambiar la actual ley
Pocos temas en bioética suscitan hoy tanto debate como el de la gestación subrogada. Ni tan siquiera hay acuerdo en su denominación. Vientres de alquiler o prestados, maternidad subrogada... son algunas de las expresiones para referirse a esas mujeres que engendran, mayoritariamente a cambio de una compensación económica, un hijo que después entregarán a las personas que han proporcionado sus óvulos y esperma y pagado para ser padres de ese bebé.
Así arranca el documento hecho público ayer por el Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona (UB), contrario a esta práctica por considerar que propicia la explotación de la mujer, puede atentar contra el derecho de los niños a conocer su origen y fomenta situaciones comparables a la esclavitud.
“La gestante suele comprometerse a llevar un determinado estilo de vida durante el embarazo (comer de forma equilibrada, no fumar, no beber alcohol ni consumir drogas, abstenerse de mantener relaciones sexuales durante el período de fecundación, realizar ejercicio moderado...) En cualquier otro contexto, una prestación personal que vincule a una persona veinticuatro horas al día, siete días a la semana, durante nueve meses aproximadamente, se consideraría una forma de esclavitud”, recoge el documento.
Este grupo de expertos en ética y derecho aboga, como el peor de los males, por no tocar la actual ley española, que considera ilegal la maternidad subrogada. Aún sabiendo que son centenares las familias de este país que viajan cada año al extranjero y pagan entre 40.000 y 120.000 euros para tener esos hijos gestados en vientres prestados en países donde ese proceso es legal. Es el caso de Ucrania, donde una veintena de familias pasan “un calvario”, aseguran esas parejas, por las trabas de la oficina consular de Kiev en la tramitación de los documentos necesarios para el regreso de esas parejas a sus casas con hijos nacidos por gestación subrogada.
En España, recuerda ese documento, existen varias propuestas de regulación, que van desde la prohibición absoluta, como es el caso de la del Comité de Bioética de España, hasta una regulación más permisiva, como la que propone el Grupo de Ética y Buena Práctica de la Sociedad Española de Fertilidad o la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos, favorable a esta práctica. A lo que hay que añadir la decidida y pública postura del actual Gobierno, contrario a esta práctica.
El texto es crítico con las agencias que actúan como intermediarias y ponen en contacto a las gestantes con parejas que quieren tener un hijo con un vientre prestado. Un negocio que “mueve miles de millones de euros”, recalcan esos expertos, y que triunfa porque son esos intermediarios “quienes crean la necesidad de consumo y perciben, además, las mayores ganancias”.
El documento considera que esta práctica “produce una instrumentalización o cosificación de la mujer que gesta para otros, al reducirla a la función de mera vasija o incubadora. Y eso, recalca, este grupo de bioética y derecho no es otra cosa que “una comercialización del cuerpo humano”.
Los expertos no dejan pasar la oportunidad para proponer, ante un hipotético cambio de ley que permitiera en España la gestación subrogada, una serie de requisitos que habría que exigir a las parejas que recurriesen a esa práctica. Consideran que los procesos deberían ser supervisados por un juez, proponen que las madres gestantes puedan cambiar de opinión tras nacer los bebés y crear una inscripción registral con los nombres de esos niños garantizando su derecho a conocer su origen. Y también la exclusión de intermediarios con ánimo de lucro y la obligación de las parejas a quedarse con esos niños.
El grupo coordinado por docentes de la UB considera que la mujer gestante queda reducida a una “vasija”