¿Quién defiende a los autónomos?
Cuando hablamos de trabajadores autónomos, hablamos de un cajón de sastre donde podemos encontrar a todo tipo de profesionales: desde taxistas y albañiles y profesionales liberales, fontaneros, administradores de empresas o agricultores, hasta comerciantes que cada día levantan sus persianas para ganarse la vida con su trabajo. Cada uno con suerte distinta, con necesidades diferentes y resultados dispares, tienen en común el hecho de formar parte del colectivo de 550.000 trabajadores que en Catalunya cotizan a la Seguridad Social en régimen de autónomos. A partir de este año, la mayoría pagarán 283,30 euros al mes a la Seguridad Social, tanto si ganan mucho como si ganan poco o no ganan nada.
Fijarnos en un colectivo profesional concreto no nos dará una imagen fiel de la situación de los autónomos. Habrá quien piense que cotizar poco les permite ahorrar más por su cuenta en planes de pensiones y seguros privados y habrá quien sepa que muchos tienen dificultades para pagar todas las facturas y sacarse un sueldo decente con el que llegar a fin de mes. Una cosa y otra son ciertas, pero la foto real nos dibuja un perfil de trabajadores más bien frágil, que en muchas ocasiones trabaja de forma precaria y sin red donde caer cuando las cosas van mal. Darse de alta como autónomos es el precio que pagan para tener un trabajo.
El retrato robot del medio millón largo de trabajadores autónomos catalanes viene a ser este: dos de cada tres son hombres, con una media de edad de 45 años y mayoritariamente sin asalariados a su cargo. El 77% trabaja en el sector de los servicios, principalmente en comercio y en talleres, seguido de la construcción (12%), la agricultura (6%) y la industria (5%). Y solamente poco más de la mitad, el 55%, lleva más de cinco años cotizando en este régimen. El resto habrá cotizado unos meses o pocos años hasta darse de baja tras encontrar un trabajo asalariado o pasar a la lista del paro.
Con este panorama, está claro que para la mayoría de los trabajadores ser autónomo no es ninguna ganga. El perfil del trabajador autónomo debería ser el propio de aquel que emprende una actividad profesional como empresario, asumiendo los riesgos y oportunidades que esto conlleva, pero muchas veces esto no es así. En la práctica, muchos trabajadores autónomos son una suerte de fusible, en situación precaria y con poca protección social, que sólo sirven para ahorrar costes y externalizar riesgos a quien los contrata.
Considerar los autónomos como algo residual del régimen general de trabajadores asalariados es una concepción errónea e injusta. Los autónomos deberían ser el canal donde encauzar los proyectos de los emprendedores para dar oportunidad al talento y a la creatividad, generando un marco legal y fiscal adecuado para ser fuente de generación de empleo. En este sentido, las medidas parche propuestas por el Gobierno español para mejorar las prestaciones de desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son un paso en la buena dirección, pero es inaplazable acabar con la situación discriminatoria entre trabajadores y dotar a los autónomos de un marco que les equipare en derechos y obligaciones a los empleados por cuenta ajena, dando también especial protección a las mujeres autónomas durante los periodos de maternidad.
Lejos de ser un problema, disponer de una base sólida de trabajadores autónomos, que verdaderamente responda al perfil de empresarios y de emprendedores, tendría que ser una buena noticia para cualquier economía. Por ello, es urgente afrontar cambios legislativos de fondo en materia de seguridad social y en política fiscal para apoyar a los autónomos. Uno de los primeros cambios tiene que ser el de poner fin a las cotizaciones fijas que no tienen en cuenta los rendimientos de cada actividad. ¿Tienen que cotizar lo mismo a la Seguridad Social un taxista y un cirujano plástico? Parecería que no. La progresividad de la cotización en función de los rendimientos de la actividad es el primer paso para disponer de un sistema más racional y acabar con la discriminación que existe entre autónomos y asalariados a la hora de recibir prestaciones y coberturas. El sistema actual nos ofrece un ejemplo especialmente doloroso cuando hablamos del importe de las pensiones. En el 2016, la pensión media cobrada por los autónomos fue de 654 euros al mes, un 38% menos que la pensión media cobrada por los trabajadores asalariados. Uno de cada tres pensionistas que habían cotizado como autónomos cobró menos de 500 euros al mes.
Es necesario avanzar en la defensa de los autónomos con un mejor marco legal, facilitando su acceso al crédito y simplificando las obligaciones administrativas que soportan. Con los cambios que viven y vivirán muchos sectores y muchas profesiones como consecuencia de la transformación digital del mundo de los servicios, disponer de una buena regulación de los profesionales autónomos no solamente es una cuestión de justicia social, sino que es también una gran oportunidad para generar riqueza.
¿Tienen que cotizar lo mismo a la Seguridad Social un taxista y un cirujano plástico? Parecería que no