Una impugnación largamente estudiada

En los laboratorios jurídicos del Gobierno se seguía trabajando anoche, horas después de ser anunciado, en la redacción del recurso que se va presentar en los próximos días contra la resolución del Parlament que reprobó al Rey y abogó por la abolición de la monarquía. El Ejecutivo manifestó que tenía en estudio esta iniciativa al poco de ser aprobada, el pasado jueves, por la Cámara catalana, pero añadió que su concreción era especialmente difícil. Finalmente, todo indica que se ha elegido la vía del recurso de inconstitucionalidad, por estimarse que el texto de la moción del Parlament vulnera la Constitución, al atribuirse la Cámara catalana competencias en materia de definición de la forma de Estado que en absoluto le pertenecen. Ahora bien, se va a plantear nuevamente aquí el problema de si pueden imponerse límites a las declaraciones políticas de un Parlamento, en especial si lo que aprueba, el texto votado, no está llamado a tener efectos jurídicos. La vía del recurso de inconstitucionalidad requiere un dictamen previo del Consejo de Estado –preceptivo, pero no vinculante–, que entrará en esta cuestión. El Ejecutivo dijo ayer que pediría este informe, luego cabe creer que ese será finalmente el recorrido elegido. En tal caso, la primera decisión que deberá adoptar el Constitucional (TC) es si admite a trámite el recurso. Y si lo hace, la suspensión de la resolución del Parlament –en el caso, lógico, de que la pida el Gobierno– será automática, por mera aplicación de las previsiones constitucionales para este tipo de recurso. Pero el posterior debate de fondo, sobre los citados límites de la actividad parlamentaria, será sin duda más complejo. /