La defensa de la infanta reclama su libre absolución
Manos Limpias acusada de “trivializar la acción penal”
Con rotundidad y contundencia, la defensa de la Infanta Cristina reclamó ayer su libre absolución en el caso Nóos y pidió que se castigue al sindicato Manos Limpias por “trivializar la acción penal.” Acusada, de cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, Manos Limpias, le pide 8 años de cárcel. El letrado Pau Molins elevó a definitivo el escrito de conclusiones provisionales introduciendo dos cambios: uno para pedir que se “restablezca la justicia par Cristina de Borbón” y otro para dejar constancia del depósito de 587. 000 euros que consignó la infanta para hacer frente a una posible responsabilidad civil.
El penalista Pau Molins, en nombre del equipo jurídico que defiende los intereses de la infanta, solicitó al Tribunal que imponga a Manos Limpias el pago de las costas del proceso, así como una multa de 6.000 euros, por su “gravísima temeridad, abuso de derecho y mala fe procesal”. En un duro alegato, Molins criticó el mantenimiento “obsesivo” de la acusación durante los cinco meses que ha durado la vista oral aunque se “haya desacreditado por completo su versión”. Fuera de la sala, Pau Molins elevó el tono de las críticas hacia Manos Limpias, en lo que él calificó de “darle la vuelta a la tortilla”. Según el letrado, los representantes del sindicato “se llenaban la boca con la justicia, la transparencia, la defensa de los ciudadanos y ya hemos visto cuales eran los verdaderos motivos”, en clara referencia a la detención y posterior ingreso en prisión de Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, y de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, por un presunto delito de extorsión. Por estas razones, la defensa de la infanta no solo pide su libre absolución sino la condena del sindicato Manos Limpias por “el gravísimo perjuicio ocasionado.”
En las conclusiones, Molins recordó que a finales del 2014, la infanta Cristina consignó 587.000 euros en el juzgado de Palma , de forma cautelar, para hacer frente a su posible responsabilidad como partícipe a título lucrativo de los delitos atribuidos a su marido, Iñaki Urdangarin. La legislación establece que quien se lucre de los efectos de un delito está obligado al resarcimiento del daño aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos. Aunque la Fiscalía Anticorrupción entiende que no existen indicios de doña Cristina haya cometido un delito que merezca pena de prisión, como se empeña Manos Limpias, si considera que se habría beneficiado del dinero supuestamente defraudado por su marido. De ahí, la importancia de la caución depositada con intención de reparar el daño.
La defensa de Iñaki Urdangarin también solicitó ayer la libre absolución de los delitos de los que está acusado. Sobre el marido de la infanta pesa una petición de 19 años y medio de cárcel que solicita la Fiscalía y que Manos Limpias eleva a 26. Mario Pascual Vives recordó que su cliente ya ha consignado más de un millón de euros en compensación de daños, insistiendo en la estrategia mantenida durante todo el juicio de que Urdangarin no ha cometido ningún delito. La misma posición que adoptó Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres, que reclamó la libre absolución de su defendido a quien
Los abogados de Iñaki Urdangarin y de Diego Torres se ratifican en la inocencia de sus defendidos
la Fiscalía pide 16,5 años de cárcel y Manos Limpias, 22,5. Peeters también pidió que se retiren los cargos contra Ana María Tejeiro, la esposa de Torres, para quien la Fiscalía pide 2 años y Manos Limpias , 16,5.
Los abogados de los acusados de la trama balear, que pactaron con la Fiscalía, aceptaron las penas de entre 1 y 2 años de cárcel, excepto la defensa de Jaume Matas que reconoció el delito de prevaricación, pero no el de malversación. Matas reconoce irregularidades en la contratación del Instituto Noos pero elude la responsabilidad de orde-
nar el pago de dichos servicios. Las defensas de los diferentes acusados de la trama valenciana, encabezado por el exvicealcalde Alfonso Grau, pidieron la libre absolución de sus defendidos para quienes la Fiscalía y otras acusaciones públicas piden penas de entre 8 y 11 años .
Hoy empezará, con el fiscal Pedro Horrach, la lectura de los informes finales ya sin la presencia de los acusados que deberán volver a Palma a finales de mes para hacer uso, si lo desean, de su derecho a la última palabra. Después, el juicio quedará listo para sentencia.