Non grato: el oprobio institucional
La tensión política y la inmediatez mediática ponen de moda las declaraciones de rechazo a una persona
La expresidenta del Parlamento gallego y ahora diputada en el Congreso Pilar Rojo no ocultaba su gran enfado el lunes, en el Teatro Principal de Pontevedra, durante la sesión plenaria en la que el ayuntamiento de su ciudad declaró persona non grata a Mariano Rajoy con el voto del 68% de los ediles. Casada con el arquitecto Díaz Grande, gran amigo del presidente del Gobierno desde la juventud, la normalmente comedida Rojo expresaba mejor que nadie la afrenta que sentía el entorno “marianista” ante la iniciativa de PSOE y la Marea, y apoyada por el BNG, que perseguía “avergon- zar” a Rajoy por, estando en funciones, prorrogar durante 60 años la concesión de la fábrica de celulosa de la ría pontevedresa.
“Me ha producido dolor”, confesó después Mariano Rajoy, quien también proclamo que se considera “muy pontevedrés”, de manera que enfatizó una diferencia de la declaración de este municipio gallego con otras que han tomado en los últimos años ayuntamientos de toda España, en los que se han declarado personas non gratas entre otros a Juan Carlos Iy a Felipe VI, a anteriores presidentes del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, al excomisario europeo Joaquín Almunia o a Aleix Vidal-Quadras en sus tiempos de eurodiputado.
Nada indica que a Aznar le do- liese ser declarado non grato por los ayuntamientos de Santpedor y Poboleda o a José Ignacio Wert por el municipio valenciano de Bellreguard. Sin embargo, el uso en la política municipal de esta figura propia del derecho diplomático tiene como objetivo “la descalificación de una persona”, según explica Gabriel Doménech, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia que ya en el 2004 cuestionó esta práctica en un artículo en una revista especializada.
Aunque no hay estadísticas de cuántas declaraciones de non grato se aprueban, Doménech constata que “se están poniendo de moda”, fruto de la inmediatez de la información y de las coyunturas de tensión política. Incluso se han extendido a más ámbitos, como los deportivos o de las comunidades de vecinos.
Doménech alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de varios tribunales superiores para sostener que es ilegal que los ayuntamientos declaren personas non gratas. Afirma que en caso de hacerlo tendría que seguirse un procedimiento administrativo, con la audiencia del afectado. Incluso discrepa del Tribunal Constitucional, que falló que una reprobación de esta índole no supone un ataque al honor. En la misma línea, el secretario del ayuntamiento de Pontevedra recomendó infructuosamente a los ediles que usasen otra fórmula para evitarse complicaciones. Sin embargo, los políticos afectados no suelen recurrir.
En cambio, Carlos Aymerich, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña y antiguo portavoz parlamentario del BNG, sostiene que, en lo que afecta a cargos públicos, las declaraciones de persona non grata sí se ajustan a la legalidad, porque se enmarcan dentro de la actividad política de los ayuntamientos y suponen “el equivalente a una reprobación en el Congreso de los Diputados”.
Como explica Helena Torroja
Hay juristas que creen que es ilegal que lo hagan los municipios, pero los políticos afectados no recurren
Mateu, profesora de Derecho Internacional Público de la Universitat de Barcelona, la figura de la persona non grata se enmarca en el acuerdo recíproco entre dos estados que deciden establecer relaciones diplomáticas entre sí. “Si se pacta tener relaciones, también se pacta a través de quien se van a canalizar”, señala, en referencia a la posibilidad de retirar en cualquier momento y sin motivación la acreditación de un representante. En opinión de Torroja, que es la directora académica del Centro de Estudios Internacionales, la extensión a otros ámbitos de esta expresión del derecho diplomático se hace “de forma inapropiada o incompleta”, pues se pierde el sentido de la reciprocidad. “Se queda sólo en el nivel inferior, en el de rechazar a la persona concreta como si fuese un castigo”, añade.
En el ámbito internacional proliferan últimamente las declaraciones de non grato por parte de parlamentos nacionales, como hizo el de Venezuela con Felipe González. Son actos políticos que equivalen a las declaraciones de los ayuntamientos pues carecen de efectos jurídicos, salvo que, como indica Torroja, estuviese previsto en las leyes internas.