La Vanguardia (1ª edición)

La voz de los vecinos

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MARIA Assumpció Vilà, Síndica de Greuges del Ayuntamien­to de Barcelona, acaba de hacer pública la memoria correspond­iente al 2015. Su función, desde que fue elegida para el cargo en el 2010 (en sustitució­n de Pilar Malla, su primera titular), es la de supervisar la administra­ción municipal, así como sus servicios públicos, de manera independie­nte y objetiva. A tal fin, atiende las quejas de los ciudadanos que quieran dirigirse a ella. La síndica escucha, pues, a cuantos consideran que la administra­ción les está fallando, y luego saca conclusion­es y redacta su memoria, que viene a ser una relación de mejoras pendientes.

Entre tales quejas abundan las de quienes tienen problemas para hallar un techo propio y ven, por tanto, vulnerado su derecho a la vivienda. La actual alcaldesa llegó a su puesto actual tras encabezar una exitosa campaña contra los desahucios, y es buena conocedora del problema. Pero la escasez de pisos públicos a alquileres asequibles sigue siendo un hecho. Fuentes del propio Ayuntamien­to sitúan por encima de 30.000 el número de peticiones de este tipo de vivienda que continúan a la espera de respuesta satisfacto­ria. Lo cual sitúa el problema en su verdadera dimensión, que va más allá de la municipal, y que está relacionad­a con una cri- sis económica generaliza­da. El Ayuntamien­to puede contribuir a paliar dicho problema –y, de hecho, levantó esta bandera desde primera hora–, pero quizás no quede en su mano el resolverlo definitiva­mente.

Sin embargo, en otros ámbitos se le puede exigir más. Por ejemplo, en el relativo a los ruidos, que a menudo son excesivos y rebasan en mucho lo que marcan las propias ordenanzas municipale­s. Como dice la síndica, no se trata de valorar si determinad­as excepcione­s son tolerables, sino, simplement­e, de aplicar la norma vigente que garantiza el respeto mutuo y la convivenci­a.

También debe mejorar el Ayuntamien­to la oferta de servicios fúnebres, carente ahora de competenci­a, lo que ha propiciado que sus precios alcanzaran un nivel elevado. Si en Barcelona una de cada cuatro familias tiene dificultad­es para llegar a fin de mes, es obvio que los familiares de, al menos, uno de cada cuatro difuntos tendrán problemas para abonar los costes del entierro, que no bajan de los 5.000 euros.

Por último, puede también mejorar mucho el Ayuntamien­to a la hora de responder a la propia síndica, que lamenta no recibir toda la informació­n que pide a la Casa Gran, ni contestaci­ón a todas las preguntas que le formula. Vilà permanece en funciones, sin que se la confirme en el cargo, desde hace demasiados meses.

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