Colau regularizará la ocupación de pisos públicos o cedidos por la banca
La propuesta está recogida en el nuevo reglamento para la adjudicación de viviendas de emergencia social
La norma permitirá seguir residiendo en el inmueble a los ocupantes si se cumplen los requisitos
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona quiere incluir en el nuevo reglamento para la adjudicación de viviendas de emergencia social un mecanismo que permita regularizar las ocupaciones de los pisos de su propiedad o que hayan sido recibidos por convenio de la banca o del banco malo.
El Ayuntamiento de Barcelona regulará las ocupaciones de pisos que se hayan producido en los últimos años en el parque público de vivienda o en aquellas viviendas procedentes de entidades bancarias que, a través de convenios, se incorporen en el patrimonio municipal o acaben siendo gestionadas por el Ayuntamiento. Se trata de una propuesta que incorpora el nuevo “reglamento para la adjudicación de viviendas para emergencia social por perdida de residencia” que está en exposición pública. La medida afectará a aquellas familias que han perdido su piso por el impago de la hipoteca o el alquiler y están en situación de vulnerabilidad.
El documento establece que, una vez entre en vigor el nuevo reglamento, el Ayuntamiento dis- pondrá de un año para regular las ocupaciones en el parque público, y seis meses en aquellas viviendas procedentes de bancos. La intención es tener una relación contractual con estas familias que podrán seguir en estas residencias siempre y cuando cumplan unas condiciones. Así las cosas aquellos que lleven ocupando una vivienda desde hace dos años o más deberán presentar un informe favora- ble del Consorci de l’Habitatge y no deberá existir ningún conflicto con el resto de vecinos de la finca. En estos casos, y a instancias de la Mesa de Emergencia, su situación será regularizada por el operador público y se les otorgará un contrato a su favor. Si la ocupación se produjo hace menos de dos años deberán presentar la misma documentación, además de demostrar su arraigo en el barrio. Y si la en- trada en la vivienda se hizo en menos de un año, la familia no tendrá derecho a regularizar necesariamente su situación en esta misma vivienda y podrá optar a otro piso del fondo de emergencia social.
La intención del nuevo equipo de gobierno es la de establecer un protocolo de actuación ante aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad al no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca o la renta de alquiler por causas sobrevenidas. En los últimos meses el Ayuntamiento ha iniciado el camino para captar vivienda a través del tanteo y retracto –una figura que da prioridad a los ayuntamientos en la compra pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias cuando una entidad bancaria prevea venderla a terceros– o convenios con bancos y la Sareb. Precisamente, el pasado mes de diciembre se firmó un acuerdo con el banco malo, la Sareb, para ceder 200 pisos de los 562 que tiene en la ciudad para que sean gestionados por el Ayuntamiento. La mitad de estas viviendas están ocupadas por familias con pocos recursos y distintas situaciones, desde de familias que no pueden pagar hasta okupas que han entrado de manera ilegal o víctima de estafas.