La nacionalidad española, a examen
Entran en vigor las pruebas a extranjeros para demostrar sus conocimientos socioculturales
La reforma del Registro Civil que modifica los trámites para la obtención de la nacionalidad española por residencia entró ayer en vigor. Esta gestión, hasta ahora, era gratuita, mientras que el cambio comporta tasas administrativas, documentación compulsada y matrículas para los exámenes que deberán superar los aspirantes. El resultado es que ser españoles les puede costar más de 300 euros a los solicitantes. Sin embargo, el elemento que ha levantado más expectación y polémica son la prueba de conoci- mientos constitucionales y socioculturales. ¿Pueden quedar excluidos solicitantes por no conocer la gastronomía o los ríos españoles?
Los extranjeros que soliciten la nacionalidad tendrán que pagar una tasa de 100 euros por iniciar el procedimiento, al margen de si éste culmina con éxito. Y los que procedan de países donde el castellano no sea lengua oficial tendrán que someterse a una prueba de idioma para obtener el diploma de español (con un coste de 121 euros por matrícula).
Pero, sean o no hispanohablantes, todos ellos deberán superar las pruebas de conocimientos so- bre España, un examen tipo test con 25 preguntas de las que, al menos deben acertar 15 de ellas. La convocatoria comporta el pago previo de 85 euros que darán derecho a un único intento; y si se suspende, el solicitante deberá pagarlo de nuevo.
El primer examen será el 29 de octubre, y el Instituto Cervantes ya ha comenzado a difundir los materiales de las pruebas. El 60% de las preguntas versan sobre “Gobierno, legislación y participación ciudadana” y el 40% restante sobre “Cultura, historia y sociedad españolas”. Hay preguntas con tres opciones de respuesta en las que sólo una es la adecuada y otras en las que el solicitante se la juega entre “verdadero” o “falso”.
Algunos expertos consideran que la reforma está llena de claroscuros. La modificación persigue acabar con la discrecionalidad actual en el proceso de obtención de la nacionalidad. La indeterminación actual ha llevado en los últimos años a que cada registro realice “a su libre albedrío” diversas preguntas para conocer el grado de integración en España. A los solicitantes se les preguntaba por los platos de la gastronomía española, por directivos de equipos de fútbol de primera, o por el hombre de la espo- sa del presidente de Gobierno, según explica Iván Jiménez-Aybar, profesor de la UAB y abogado del bufete Trayectus.
El nuevo sistema puede objetivar el examen. Pero no será infalible. “¿Qué pasa si un ciudadano nigeriano, que lleva más de diez años residiendo y trabajando legalmente en España, que paga sus impuestos, que ama España y que tiene hijos nacidos en nuestro país suspende el examen porque no conoce los ríos o la gastronomía de España?”, se pre- gunta Jiménez-Aybar. Los expertos apuntan que puedan darse casos (“surrealistas e injustos”) de solicitantes bien integrados que vean rechazada su petición tras la reforma. Las pruebas, además, no afectarán a todos por igual. Los hispanohablantes (de países latinoamericanos o Guinea Ecuatorial) parten con una ventaja sustancial. No sólo comparten lengua, sino que el sistema educativo en Colombia, Nicaragua o Guinea Ecuatorial es muy similar al español. Por su parte, los extranjeros no hispanohablantes procedentes de Senegal, Mali o Marruecos tradicionalmente aprenden el español con mayor facilidad que los asiáticos (China, Pakistán...) o que los que vienen del África subsahariana (Nigeria, Ghana, Gambia). Ciudadanos sin formación de Mali o Gambia ya han dicho que este examen es, para ellos, un objetivo imposible.
Los expertos alertan de posibles casos de personas bien integradas que quizás no superen el test